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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que servirá de fundamento para que la Abogacía del Estado -como órgano competente- inste la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Con esta resolución se culmina un proceso de casi dos años llevado a cabo por el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura. Este órgano, de competencia estatal, vela "por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones".

La Disposición Adicional 5ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, señala que "cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo incurrirán en causa de extinción".

Añade, asimismo, que "se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".

“Vamos a enviar al juez un expediente sólido, que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”, ha expresado el ministro del área, Ernest Urtasun.

En este sentido, ha añadido que “en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura. Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria”.

Procedimiento y cronología del proceso

Este proceso se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, ante "indicios de que la Fundación Nacional Francisco Franco incumplía la legislación vigente de Memoria Democrática y Fundaciones", solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que realizase un informe para estudiar "la posible concurrencia de causa de extinción de dicha institución".

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática remitió su informe en mayo de 2025, junto a otros cuatro documentos adicionales: un informe de Abogacía General del Estado, otro de un experto en Derecho Constitucional, un tercero de análisis de contenidos de la página web y la representación en medios de comunicación de la Fundación Nacional Francisco Franco y, por último, un compendio de testimonios de víctimas del franquismo en relación con las actividades de esta fundación.

De todos estos documentos se extraen varias conclusiones, en base a la Ley de Fundaciones, promulgada en 2002, y a la Ley de Memoria Democrática, promulgada en 2022.

La primera de ellas refiere que la Fundación Nacional Francisco Franco "no solo no persigue fines de interés general, tal como obliga la legislación vigente, sino que realiza actividades contrarias al mismo y, por tanto, contrarias a la ley".

En concreto, se indica que la fundación "realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco, y además lo hace con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo".

El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática indica, entre otras cuestiones, que “se corrobora que en la web oficial de la Fundación Nacional Francisco Franco la actividad de glorificación se articula principalmente a través de comunicados institucionales, que en un alto porcentaje homenajean tanto a la familia Franco como a símbolos del régimen. (…) Este conjunto de titulares pone de manifiesto la coherencia temática de la web: un relato unificado que mezcla memoria familiar, nacionalismo festivo y mitificación bélica para exaltar la dictadura y banalizar toda crítica”.

Además, el documento indica que “se advierte menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles, como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura. (…) Evidencian una estrategia deliberada de la Fundación Nacional Francisco Franco para ridiculizar y deslegitimar a las víctimas de la represión franquista, articulándolo a través de lenguaje agresivo, negacionismo y traslaciones de culpa”.

Ante esto, el Ministerio de Cultura inició el procedimiento previo a la extinción judicial, a través de una propuesta de resolución que fue notificada a la fundación el pasado mes de octubre.

Tras el período obligatorio, en el que la Fundación Nacional Francisco Franco pudo realizar sus alegaciones, se presentó una propuesta de resolución, que también fue notificada y contó con el debido período de audiencia.

Por último, y tomando en cuenta toda la documentación y las alegaciones presentadas, se solicitó un informe a la Abogacía del Estado.

Éste concluye que la Resolución del procedimiento previo a instar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, firmada hoy por el ministro de Cultura, "es conforme a derecho, constituyendo el último trámite necesario antes de remitirla a instancias judiciales a través de Abogacía General del Estado, el órgano competente para ello". Tal como indica la Ley de Fundaciones, la decisión sobre la extinción corresponde a la autoridad judicial.

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Otros procedimientos de extinción

Además, en noviembre de 2025, Urtasun anunció que "se estaban analizando los posibles indicios para la puesta en marcha del procedimiento para instar la extinción de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática".

El Ministerio de Cultura solicitó los pertinentes informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el pasado mes de noviembre para estudiar la posible concurrencia de causa de extinción.

El procedimiento que se seguirá con estas cuatro fundaciones será el mismo que el seguido con la Fundación Nacional Francisco Franco. Todas estas actuaciones se inscriben en el marco del trabajo en memoria democrática que lleva a cabo el Ministerio de Cultura.

Reclamación del archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco

En paralelo al proceso para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, en noviembre de 2025 el Ministerio de Cultura instó a la Abogacía del Estado a iniciar "la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco, tras estudiarlos y determinar que se trata de documentos de carácter público".

En un informe realizado por personal técnico del Ministerio de Cultura, se estudiaron 27.620 textos que están digitalizados, disponibles en su web, o de los que se dispone de descripción.

Dado el carácter de los mismos, deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español.

El Ministerio de Cultura trasladó a Abogacía del Estado los informes técnicos realizados, así como el listado detallado de la documentación a reclamar, y la ha instruido para realizar la reclamación judicial.