MENÚ

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, en una reunión extraordinaria, dos reales decretos ley destinados a mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán y el encarecimiento de la energía, tras un acuerdo de última hora entre los partidos que forman la coalición de Gobierno: PSOE y Sumar.

El Ejecutivo finalmente ha decidido dividir el paquete de medidas aprobadas en dos textos diferenciados: un primer decreto con medidas económicas y fiscales, considerado el núcleo del plan anticrisis y que en principio era el que sólo consideraba la parte socialista. Y también un segundo decreto centrado en vivienda, que incluye la congelación de alquileres que era lo que exigía Sumar. Este último podría encontrar dificultades para su convalidación en el Congreso.

Recordemos que estos decretos ley quedan aprobados pero deben ser convalidados en el Congreso de los Diputados donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene mayoría. Por tanto deben buscar apoyos para que no decaigan las medidas tras la votación parlamentaria.

El acuerdo llega después de intensas negociaciones dentro del Gobierno de coalición, con conversaciones directas entre el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, así como reuniones previas lideradas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro Ernest Urtasun.

El decreto principal incluye una batería de medidas fiscales para contener el impacto de la crisis energética, entre ellas se encuentran la rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los combustibles del 21% al 10%, así como descuentos directos, como ayudas de hasta 20 céntimos por litro, y el refuerzo del bono social eléctrico y térmico para los colectivos más vulnerables. Además, se introduce un mecanismo de control sobre los márgenes empresariales de las compañías energéticas, con la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para garantizar que las rebajas fiscales se trasladen al consumidor final.

El plan también contempla medidas estructurales como incentivos a la eficiencia energética, apoyo a la compra de vehículos eléctricos y un impulso a las energías renovables, especialmente al autoconsumo compartido y a las cooperativas energéticas.

El segundo decreto, centrado en vivienda, recogerá la congelación de los alquileres, una medida impulsada por Sumar que afecta a unos 600.000 contratos que deben renovarse en los próximos meses. La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque el propio Gobierno asume que podría ser rechazada en el Congreso por la oposición de grupos como Junts.

La división del paquete responde, precisamente, a la intención del ala socialista de asegurar la aprobación del bloque económico, evitando que un eventual rechazo de las medidas de vivienda arrastre al conjunto del plan, como ya ocurrió con iniciativas anteriores del denominado “escudo social”.

Desde la oposición, el Partido Popular ha criticado duramente el acuerdo. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, acusa al Gobierno de “copiar” propuestas de su formación, en referencia a la rebaja del IVA energético, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, tiene previsto valorar el paquete de medidas a lo largo de la jornada. Sin embargo, el propio Alberto Núñez Feijóo pedía ayer al Ejecutivo que lo que debía hacer era, precisamente, copiar las propuestas que el PP lanzó hace dos semanas.

La aprobación de estos decretos se produce en un contexto de fuerte presión inflacionaria derivada del conflicto en Oriente Medio, con especial impacto en los precios del petróleo y el gas, y abre ahora una nueva fase de negociación parlamentaria para su convalidación en las próximas semanas.