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Avanzan las investigaciones en torno a lo ocurrido durante el accidente ferroviario de Adamuz. En esta ocasión, el Parlamento Europeo ha entrado en el debate recordando que, en junio de 2024, se aprobó una partida de 111 millones de euros para arreglar las deficiencias detectadas desde 2023. Sin embargo, eurodiputados sospechan que el dinero entregado no se ha destinado al fin previsto, y ahora investigarán la trazabilidad de dicha inversión.

Ha sido el Partido Popular en Europa el que ha puesto en el punto de mira esta concesión de, concretamente, 111.646.340 euros otorgados por la Comisión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER para la renovación integral de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla, una vía calificada por Bruselas como "obsoleta". Los populares quieren conocer cómo se ha empleado este dinero y, además, han vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por no haber renovado elementos clave en el tramo de Adamuz, a pesar de las advertencias.

Sí, tan solo en 2025 ADIF informó públicamente de al menos ocho incidencias técnicas en el tramo de Adamuz-Villanueva de Córdoba, estas incluían problemas en la señalización, catenaria e infraestructuras, que causaron retrasos en trenes de alta velocidad. Aunque la compañía también ha defendido que una inspección a pie el 5 de noviembre de 2025 confirmó que el raíl estaba "en condiciones adecuadas" en un tramo de 4 km alrededor de Adamuz.

El Sindicato de Maquinistas SEMAF envió un comunicado formal a ADIF en agosto de 2025 y tras las supuestas reparaciones acometidas por Transportes. En el escrito, alertaban de una "degradación profunda y acelerada" en la vía, incluyendo baches, deformaciones, vibraciones anómalas, sacudidas violentas y problemas en la catenaria, por lo que solicitaron reducir la velocidad máxima a 250 km/h en tramos como Adamuz mientras se investigaban las causas. Esta advertencia se produjo cinco meses antes del siniestro.

Por otro lado, en cuanto a la investigación en curso, la Asociación Liberum presentó una querella el 20 de enero de 2026 en el Juzgado de Montoro (Córdoba) contra directivos de ADIF y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), acusándolos de omisiones graves en seguridad que podrían constituir homicidio por imprudencia. Se sumaron como acusaciones populares Manos Limpias e Iustitia Europa. La denuncia señala negligencia en el mantenimiento, pese a tener conocimiento de los defectos (como 34.000 traviesas defectuosas en Adamuz detectadas desde 2007).