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El Grupo Municipal Más Madrid–Izquierda Unida ha registrado una petición formal para que el Ayuntamiento de Majadahonda dé explicaciones y actúe ante la preocupación social generada por el proceso de adjudicación de las 180 viviendas de alquiler público promovidas por la Comunidad de Madrid en el municipio.

La iniciativa llega después de las informaciones publicadas sobre las numerosas denegaciones de solicitudes inicialmente adjudicatarias, los recursos presentados y la incertidumbre sobre la entrega de las viviendas. Según Más Madrid-Izquierda Unida "más del 60 % de las personas inicialmente beneficiarias habrían recibido una denegación, una situación que ha generado inquietud entre las familias y jóvenes que confiaban en acceder a una vivienda asequible".

Para Más Madrid–Izquierda Unida, es "imprescindible aclarar qué está ocurriendo, conocer el alcance real de las denegaciones y garantizar que las personas afectadas reciban información clara sobre sus expedientes".

Asimismo, la coalición denuncia que existe una total opacidad en el proceso, ya que "no se tiene constancia del criterio ni de la manera en la que se está procediendo a reasignar los inmuebles tras las sucesivas renuncias y exclusiones. La vivienda pública debe ofrecer seguridad y una respuesta a las dificultades de acceso a un hogar, no convertirse en una fuente adicional de incertidumbre".

El grupo municipal recuerda que el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento estableció que este primer sorteo se circunscribiera exclusivamente a solicitantes de Majadahonda, y que PAMMASA, la empresa municipal de la vivienda, ha colaborado en el procedimiento. Por ello, el Gobierno local "no puede limitarse a observar lo sucedido: debe explicar qué información tiene, qué actuaciones ha desarrollado y qué está haciendo para defender los intereses de los vecinos y vecinas afectados".

En el escrito registrado, firmado por el portavoz municipal, Daniel Pérez Pinto, y el consejero de PAMMASA por Más Madrid–Izquierda Unida, Héctor Muñoz Justo, el grupo plantea tres medidas concretas:

• Convocar una reunión extraordinaria de PAMMASA, en la que el Ayuntamiento informe de los datos de los que dispone y se invite a la Comunidad de Madrid para que explique la situación real del procedimiento y las circunstancias que han generado la alarma social.
• Llevar el asunto al Pleno municipal, mediante la convocatoria de un Pleno extraordinario o la inclusión de un punto de urgencia en la siguiente sesión.
• Realizar una comunicación pública del Ayuntamiento, a través de sus canales oficiales, una vez aclarados los hechos, para explicar a los vecinos lo ocurrido y poner fin a la incertidumbre existente.

Más Madrid–Izquierda Unida considera que la responsabilidad debe asumirse en cada nivel institucional. "La Comunidad de Madrid debe dar cuenta de la gestión de las adjudicaciones, explicar las denegaciones y resolver los recursos pendientes. El Ayuntamiento, por su parte, debe utilizar su participación en el convenio y la colaboración de PAMMASA para exigir información, promover una respuesta institucional y garantizar que los vecinos de Majadahonda no queden desatendidos".

El Grupo Municipal reclama transparencia, explicaciones y una solución urgente. "Las personas que han participado en el proceso merecen conocer qué ha ocurrido, por qué se han producido las denegaciones y cuándo podrán obtener una respuesta definitiva. La vivienda pública es un recurso esencial y las administraciones tienen la obligación de gestionarlo con garantías, rigor y responsabilidad".

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