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Después de que la Justicia tumbara la tasa de basuras de Almeida, la portavoz del Partido Socialista, Reyes Maroto, ha calificado la situación como "una nueva chapuza jurídica" del Gobierno de Almeida. "Es una tasa que ya era injusta y cara, y ahora, además, los tribunales han demostrado que es ilegal", añade la edil socialista.

De hecho, Maroto exige al alcalde de Madrid que acatúe "con menos soberbia, pida perdón y asuma responsabilidades por los errores en la tramitación" porque "el problema no es Sánchez, el problema se llama Almeida". Señala que la tasa sigue siendo "injusta en su diseño, al no incluir bonificaciones por buenas prácticas como el compostaje ni criterios como el número de miembros del hogar".

Subraya Maroto que la sentencia no cuestiona la obligación de implantar la tasa, "sino la falta de garantías y de participación ciudadana en su tramitación". Reclama, por ello, que el Ayuntamiento no recurra a la sentencia y "actúe de inmediato para devolver lo cobrado indebidamente", porque "lo que tiene que hacer es no recurrir y devolver la tasa de basuras a los madrileños".

Entre otras cuestiones, la edil del PSOE advierte de que "no se puede trasladar a la ciudadanía la carga de reclamar, pues no puede dejar a los vecinos desamparados para arreglar una chapuza que ha generado su desgobierno".

La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha mostrado un "respeto total a la sentencia" (que tumba la tasa de basuras de 2025), aunque por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid consideraron que "la misma que hacía referencia a un estudio que se había contratado a empresa para determinar las zonas homogéneas de las actividades no residenciales, podría entenderse, según el texto refundido del Reglamento de procedimiento administrativo, podría entenderse como documentación auxiliar".

Es más, reitera que la tasa no hace referencia, en ningún momento, "en el fondo de lo que regula la tasa", sino que lo que pone de manifiesto es que "ha habido una interpretación del juez que considera, distinto a los técnicos municipales, en la información que debería acompañarse en el período de información pública". Un anexo, que afirma, se incorporó después de ese período de información pública.

Con respecto a las palabras de la oposición, Engracia Hidalgo, recuerda que en varias ocasiones les han pedido que colaboraran con el Ayuntamiento para que "la tasa no fuera obligatoria y para exigir una regulación de la tasa que no diera inseguridad jurídica".