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Lo peor, infinitamente peor, está por llegar; ARROGANCIA
Hay algo más peligroso que un gobernante equivocado: uno convencido de que su razón le concede el derecho a equivocarse en nombre de todos
Madrid |

Dicen que los meandros de un río son caprichos de la naturaleza. Hermosas sinuosidades que el agua dibuja sobre la tierra durante siglos. Pero la naturaleza no tiene caprichos, tiene consecuencias.

El río erosiona donde encuentra menor resistencia, arrastra los sedimentos vulnerables y termina encontrando un equilibrio entre la fuerza de su corriente y la solidez de sus orillas.

Y entonces llega la paz.

Hasta que un niño arroja unas piedras, una crecida modifica el caudal o un monzón transforma violentamente el paisaje. Comienza un nuevo proceso de erosión, adaptación y equilibrio.

La naturaleza no distingue entre lo bueno y lo malo. No recompensa a la piedra resistente ni castiga moralmente a la que desaparece. Simplemente transforma la realidad.

Quizá nuestro primer gran error sea creer que los equilibrios que heredamos son eternos y que nuestra particular interpretación de la justicia constituye una verdad universal.

La moral y la ética, tal como las entendemos, son construcciones humanas. Instrumentos imprescindibles para convivir, pero sujetos a la evolución de nuestras sociedades. Nuestros antepasados defendieron certezas que hoy consideramos aberrantes. ¿Qué pensarán nuestros descendientes de algunas de las nuestras?

Y, sin embargo, seguimos comportándonos como si hubiéramos alcanzado la cima definitiva del pensamiento humano.

La extraordinaria estupidez de creernos inteligentes

Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento y, paradójicamente, quizá nunca habíamos dispuesto de tantos instrumentos para engañarnos a nosotros mismos.

Hoy tener información no garantiza conocimiento. Tener conocimientos no garantiza criterio. Y estudiar en una universidad tampoco asegura haber aprendido a pensar.

Porque hemos permitido que el ego pervierta el propósito del aprendizaje.

Ya no estudiamos necesariamente para comprender, sino para tener razón. Buscamos argumentos que confirmen nuestras convicciones y rechazamos aquellos que amenazan con desmontarlas.

Nuestro cerebro, además, no registra la realidad como una cámara imparcial. La interpreta, anticipa y reconstruye utilizando experiencias, expectativas y modelos previos.

Una facultad extraordinaria que puede convertirse en una prisión cuando dejamos de revisar nuestras propias conclusiones.

Y aquí aparece el verdadero drama: una persona inteligente puede desarrollar argumentos extraordinariamente sofisticados para justificar sus errores.

Imaginemos ahora millones de personas atrapadas en sus respectivas certezas, incapaces de reconocer que podrían estar equivocadas.

Después, pongámoslas a votar.

Y finalmente, entreguemos el poder a quienes mejor sepan alimentar esas certezas.

Pedro Sánchez y el curso del río

Pedro Sánchez representa, a mi juicio, una fuerza que ha alterado profundamente el equilibrio político e institucional español.

Sus defensores ven en él a un estratega excepcional, capaz de adaptarse a circunstancias extraordinarias. Sus detractores interpretan su trayectoria como una progresiva erosión de los contrapesos democráticos.

Yo encuentro en sus decisiones, cambios de posición y alianzas motivos para cuestionar hasta qué punto ha subordinado sus principios a la conservación del poder.

Pero la cuestión verdaderamente importante no es si Sánchez resulta admirable o detestable.

Ni siquiera si sus decisiones han sido políticamente inteligentes.

La pregunta fundamental es otra:

¿Actúa por el bien común o por su bien particular?

Y, todavía más importante, ¿qué límites está dispuesto a respetar cuando esos límites obstaculizan sus objetivos?

Porque existe una vieja máxima que ha servido para justificar algunas de las mayores atrocidades de la historia: el fin justifica los medios.

Primero se admite una excepción. Después se normaliza su repetición. Finalmente, aquello que antes parecía inadmisible termina convertido en procedimiento ordinario.

El individuo deja de preguntarse si sus actos son legítimos y comienza a preguntarse únicamente si resultan eficaces.

Y cuando alguien se considera depositario de un fin superior, cualquier adversario puede convertirse en un obstáculo que debe eliminar políticamente y cualquier institución, en una resistencia que conviene doblegar.

Nadie es el dueño de las reglas

Aquí es donde mi reflexión trasciende la política.

No sé quién, qué o cómo estableció las reglas fundamentales de este universo. No me gusta llamar Dios a aquello cuya naturaleza desconozco.

Pero hay algo que sí sabemos: ninguno de nosotros ha diseñado las leyes que gobiernan la materia, la energía, informacion o el tiempo.

Hemos nacido dentro de un sistema cuyas reglas apenas comenzamos a comprender.

No somos sus autores.

Y, sin embargo, algunos seres humanos actúan como si poseyeran una autoridad moral absoluta para decidir qué sacrificios deben soportar los demás en nombre de un futuro que solamente ellos parecen comprender.

No estoy defendiendo que las leyes humanas sean inmutables. Al contrario: nuestra capacidad para modificarlas constituye una parte esencial de la civilización.

Lo que cuestiono es que alguien pueda atribuirse el derecho a justificar cualquier medio porque considera incuestionable su finalidad.

La humildad ante lo desconocido no es una debilidad intelectual. Es una manifestación de inteligencia.

Y la democracia existe, entre otras razones, para impedir que la arrogancia de un individuo se convierta en una obligación colectiva.

El equilibrio que firmamos en 1978

España encontró un equilibrio después de décadas de enfrentamiento, dictadura y profundas heridas sociales.

La Constitución de 1978 no fue perfecta ni pretendía detener la historia. Fue un acuerdo entre personas que pensaban de manera radicalmente diferente y que comprendieron algo esencial: ninguna podía imponer íntegramente su visión a las demás.

Aquello fue nuestro meandro.

Un equilibrio construido mediante renuncias, límites y reconocimiento mutuo.

El gran logro de 1978 no consistió en conseguir que todos tuvieran razón, sino en construir un sistema donde nadie necesitara tener toda la razón para convivir.

Naturalmente, las sociedades evolucionan y sus instituciones deben hacerlo con ellas.

Pero existe una diferencia entre transformar democráticamente las reglas comunes y debilitar los mecanismos que impiden que alguien se apropie de ellas.

Por eso hay una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que un gobernante reivindica una excepción:

¿Aceptaríamos que nuestro adversario utilizase exactamente los mismos medios para alcanzar un objetivo que consideramos equivocado?

Si la respuesta es no, quizá no estamos defendiendo un principio democrático.

Estamos defendiendo nuestra conveniencia.

Y entonces el problema ya no reside exclusivamente en quienes gobiernan. También está en quienes justificamos sus comportamientos.

Las trincheras de nuestros hijos

La erosión no pregunta quién tiene razón.

Cuando cambian las condiciones, el río transforma su cauce. Y las sociedades, cuando pierden sus equilibrios, pueden atravesar procesos igualmente profundos, aunque sus consecuencias dependan también de nuestras decisiones.

Lo verdaderamente inquietante de nuestra época es que cada bando parece convencido de estar salvando la democracia mientras acusa al contrario de destruirla.

Unos creen defender el progreso. Otros, la libertad. Todos encuentran argumentos para justificar sus posiciones y cada vez menos parecen dispuestos a examinar sus propias contradicciones.

La historia demuestra que las sociedades pueden reconstruirse después de sus mayores tragedias. Pero también que el sufrimiento no garantiza por sí mismo un resultado mejor.

Nuestros abuelos conocieron las consecuencias de una España dividida. Nuestros padres contribuyeron a construir un sistema de convivencia. Y nosotros, que hemos recibido más educación, información y oportunidades que ninguna generación anterior, parecemos empeñados en olvidar por qué fue necesario.

Quizá lo peor todavía pueda evitarse.

Pero me preocupa profundamente que hayamos comenzado a confundir la inteligencia con la capacidad de justificar nuestras propias certezas.

Porque cuando una sociedad deja de compartir las reglas mediante las cuales resuelve sus diferencias, ya no discute solamente sobre quién debe gobernar.

Discute sobre quién tiene derecho a imponer la realidad a los demás.

Y entonces cada familia comienza a pensar en su propia trinchera.

No quiero que mis hijos tengan que aprender mediante el sufrimiento aquello que nuestros antepasados consiguieron enseñarnos mediante la convivencia.

Pero tampoco quiero educarlos para que sean sedimentos incapaces de resistir la primera crecida.

Quiero que tengan conocimientos, pero sobre todo criterio. Que sepan cuestionar a quienes gobiernan, a quienes se oponen y, especialmente, a sí mismos.

Porque el río volverá a cambiar de curso. Eso es inevitable.

Lo que todavía podemos decidir es si nuestros hijos heredarán la inteligencia necesaria para convivir con ese cambio o la arrogancia suficiente para convertirlo en una tragedia.