El gran debate latente en la comunidad educativa sobre si estos dispositivos son una herramienta didáctica o una distracción se reabre en la región madrileña. Un 15% de los alumnos han afirmado que usan el teléfono mientras están en clase. El consejero de Educación Enrique Ossorio, ha anunciado que prohibirá, mediante una norma autonómica, el uso de estos dispositivos en los colegios e institutos que dependan de las arcas públicas de la comunidad (públicos y concertados).
Actualmente cada centro decide su reglamento interno sobre el uso del teléfono móvil. El debate no está exento de polémica; no todos en la comunidad educativa están de acuerdo con esta prohibición (profesores y padres), los que lo están, por otro lado, piden fuertes regulaciones que ayuden al docente y a la convivencia. Enrique Ossorio ha matizado en una entrevista a El País, que “el es partidario del uso de tabletas en los centros escolares” ya que “la tecnología es muy buena y sirve para muchísimas cosas”.
Los datos confirman que las nuevas generaciones, sobre todo los adolescentes, tienen una gran dependencia electrónica
Muchos han sido los estudios que se han realizado con el fin de entender porque estas nuevas tecnologías encandilan a quien se acerca a ellas. Según los datos del INE relativos a 2017, un 25 por ciento de los niños de 10 años tienen móvil en España. A los 12 años, ya son un 75 por ciento; y a los 15, un 94 por ciento. Por otro lado, hay un dato más alarmante, pues un estudio de la Fundación Telefónica cifraba en un 29 por ciento los niños de entre 6 y 9 años que declaraban tener un móvil propio.
Otro estudio elaborado por BBVA, Google y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción recogía que el 83% de los adolescentes afirmaban hacer un uso intensivo del móvil y de las redes sociales.
En la actualidad en España no existe una regulación estatal sobre el uso de móviles en los colegios e institutos. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, apuntaba hace un año la intención del gobierno de prohibirlos.
En Madrid cada centro tiene libertad absoluta de prohibirnos o no, sin embargo cada comunidad tiene sus propias imposiciones: en Cataluña solo pueden usarse con fines didácticos y pone el acento en educar para un uso responsable, Valencia deja esta competencia en manos de cada centro, y lo mismo ocurre en Castilla y León y en el País Vasco; Castilla-La Mancha lo prohibió en una ley en 2014, y en Galicia se contempla también la prohibición, salvo que sea para usos didácticos, en el decreto de convivencia de la comunidad educativa.