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El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha defendido este miércoles la actuación del Ayuntamiento de Madrid en los protocolos de limpieza que afectan a personas en situación de sinhogarismo.

“No han aumentado las actuaciones de limpieza. Lo que han aumentado son las actuaciones de intervención social, que es lo verdaderamente importante”, ha señalado. El regidor ha subrayado que estas personas se encuentran “en la situación de mayor vulnerabilidad en la que nos podamos encontrar” y que el objetivo es que “puedan tener un techo”.

Almeida también ha negado que el consistorio se quede con objetos personales: “siempre las pone a disposición de la persona”. Ha asegurado desconocer si se avisa previamente a los afectados, pero ha insistido en que se siguen “escrupulosamente” dos cuestiones: la normativa y “la dignidad de la persona, que no se violenta en ningún caso”.

“El objetivo no es hacer limpieza sino atender a estas personas”, ha remarcado. Y ha añadido: “Si los partidos de la oposición pretenden que dejemos que haya personas durmiendo en los márgenes de la M-30, atentando contra su propia dignidad, no lo vamos a hacer”. Su intención, ha dicho, es “dar un futuro a aquellos que lo han perdido todo”.

El origen de la polémica

La defensa de Almeida llega tras la publicación el pasado 13 de junio por El País de una investigación que revela que, desde marzo de 2026, la Concejalía de Políticas Sociales ordenó a los Equipos de Calle y Samur Social dejar de avisar con antelación a las personas sin hogar antes de activar protocolos de limpieza integral en zonas de pernocta.

Hasta entonces, los trabajadores avisaban para que las personas pudieran recoger documentación, medicación, ropa, colchones y otras pertenencias. Según denuncian los propios profesionales en correos internos al Colegio Oficial de Educadores Sociales de Madrid, ahora se retiran y desechan estos enseres sin previo aviso en operativos que incluyen Policía Municipal y SELUR.

Esto ha generado pérdida de bienes esenciales (incluyendo medicinas y DNI), deterioro de la confianza con los equipos sociales y acusaciones de “vulneración de derechos” y “falta de dignidad”.