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El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir medidas de regeneración democrática y lo ha remitido a la Asamblea para su aprobación. Con estas nuevas medidas la Comunidad de Madrid se quiere convertir en un referente de mejora en los mecanismos democráticos y de buen gobierno.

La reforma entrará en vigor de ser aprobada por la Cámara Regional por mayoría cualificada de dos tercios y, posterior a esta votación, por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. Las distintas mejoras son las siguientes:

Suprimir privilegios

Se decide suprimir los aforamientos de los representantes políticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ya que supone una alteración de las reglas generales de atribución de la competencia de la justicia.

Por otro lado, también se reforma la duración de los mandatos, limitándose. Tras esta reforma, no podrá ser elegido presidente de la Comunidad quien ya haya desempeñado ese cargo durante, al menos, ocho años. Esta limitación se aplicará también a los cargos de vicepresidencia y consejeros.

Control de gasto público

Otra de las medidas es la reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid, fijándose entre 80 y 100. Una reducción que contribuye al control del gasto público, estimándose un ahorro de 101.587 euros mensuales, por la reducción de la plantilla de diputados.

La norma también establece la posibilidad de establecimientos de nuevas circunscripciones en el ámbito regional de la Comunidad, lo que permitiría un trabajo más eficaz, centrado y próximo. La Asamblea de Madrid deberá determinar el número de diputados que tendrá la Cámara y si se abandona la actual y única circunscripción uniprovincial, general a toda la provincia.

Plan de regeneración de la Comunidad

Todas estas medidas se unen a las ya remitidas el pasado mes de marzo en el proyecto de Ley de Medidas de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid.

Para Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, estos dos textos legales “forman parte de una nueva forma de hacer política y contribuirá a la mejora de la calidad democrática”.