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"La Comunidad de Madrid ha actuado en el marco de sus competencias y ahora será la Fiscalía, o en su caso la Justicia, la que tendrá que determinar si hay algún tipo de ilícito penal". Miguel Ángel García Martín, consejero y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha actualizado lo ocurrido con la Asociación Trama, encargada de gestionar un centro de acogida de mujeres víctimas de violencia en la región.

La Comunidad de Madrid ha sancionado con 3.235,34 euros a la Asociación Centro Trama, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona recursos sociales desde 1984, incluyendo centros de acogida para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas. La resolución, adoptada este martes, responde a incumplimientos graves detectados en el Centro de Acogida número 4 (con capacidad para 22 plazas), un recurso externalizado por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Según el Gobierno regional, estos hechos constituyen infracciones graves del contrato de gestión, pero no alcanzan la categoría de "muy graves", lo que limita la cuantía de la sanción. La normativa de contratos públicos permite aplicar penalidades de hasta el 10% del valor total del contrato, pero en este caso se calculó sobre una base mensual aproximada de 32.000 euros, lo que reduce significativamente el importe final.

El caso se remonta a denuncias acumuladas desde 2025. Usuarias del centro y antiguas trabajadoras presentaron testimonios colectivos sobre presuntos tratos vejatorios, amenazas, acoso, humillaciones, insultos, motes despectivos, sanciones arbitrarias y controles excesivos. Frases como amenazas de expulsión inmediata, cuestionamientos sobre su capacidad como madres o enfrentamientos inducidos entre residentes fueron reportados en medios como El País y RTVE en junio de 2025. La Fiscalía de Alcalá de Henares intervino ese mismo mes, denunciando "deficiencias en el funcionamiento" y "trato discriminatorio", y remitió el caso a un juzgado de Arganda del Rey. Aunque algunas causas penales se archivaron inicialmente por falta de indicios delictivos, el expediente administrativo continuó.

El PSOE de Madrid ha criticado duramente la sanción, calificándola de "irrisoria" y poco disuasoria. Argumentan que no protege adecuadamente a las víctimas ni incentiva mejoras en la gestión de servicios tan sensibles. La oposición ve en esta multa baja un síntoma de problemas estructurales en la externalización de recursos para violencia de género a entidades del tercer sector. Aunque García Martín ha asegurado que el Gobierno ha actuado en función de sus competencias, mientras que será la Justicia la que derive responsabilidades penales si así se requiere.

Además, a pesar del escándalo, la Asociación Centro Trama permanece operativa. Su sitio web (trama.org) y perfiles en redes sociales (como Instagram @centrotrama) siguen activos, con publicaciones recientes y ofertas de empleo en 2026 para profesionales especializados en violencia de género, como psicólogos/as y trabajadores/as sociales. La entidad gestiona otros programas en infancia, familia, adolescencia, adicciones, mayores e inclusión social, y no hay indicios públicos de revocación del contrato ni cierre del centro.