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La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha respondido este jueves 12 de marzo a dos preguntas en clave económica, formuladas por sendos diputados de los grupos parlamentarios socialista y popular en la Asamblea de Madrid. En concreto, los dos diputados trasladaron a la consejera cuestiones relativas a la situación financiara de la región y la Cuenta General, así como sobre el sistema de financiación autonómica.

En la primera intervención, el diputado socialista Agustín Vinagre Alcázar ha cuestionado la gestión económica del gobierno madrileño a raíz del informe de la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general del 2024. Alcázar ha criticado supuestos desvíos de fondos destinados a residencias de mayores, pagos excesivos a operadores privados de sanidad y un elevado coste de la deuda, afirmando que el modelo de gestión de la Comunidad estaría orientado a favorecer intereses privados por encima del bienestar ciudadano.

Ante estas acusaciones, Albert ha defendido la labor del Ejecutivo regional, asegurando que el informe refleja “fielmente la situación económica, financiera y patrimonial” de Madrid y que las recomendaciones de la Cámara de Cuentas han sido incorporadas en la ley de Hacienda. La consejera ha acusado al PSOE de tergiversar los datos y ha destacado la independencia de los órganos fiscalizadores bajo su gobierno.

En la segunda de las preguntas, el diputado popular Carlos González Maestre ha interrogado a la consejera, también del PP, sobre posibles negociaciones bilaterales con el Gobierno central para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica. Maestre ha denunciado que la reforma se ha acordado únicamente entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Cataluña, sin participación de otras comunidades, y que esto podría perjudicar a Madrid y al conjunto de España.

Albert ha confirmado que no se han producido reuniones bilaterales, alegando que el modelo ya estaba cerrado y cuestionando la independencia de los organismos encargados de supervisar la ejecución del sistema. Maestre ha sostenido que la imposición del Gobierno central compromete la autonomía financiera de las regiones y ha criticado la postura del PSOE madrileño, al que ha acusado de avalar decisiones centralistas y de apoyar medidas que afectan a los servicios públicos.