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La gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia ha vuelto al centro del debate político. La declaración de Carlos Mur, el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en sede judicial ha hecho estallar la polémica. Mur ha negado que él fuese el autor de los llamados "protocolos de la vergüenza" y asegura que se limitó a dar traslado de los documentos a la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

Tras este testimonio, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a las organizaciones que representan a los familiares de las víctimas que han acudido a los tribunales como una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”.

Estas palabras han provocado la reacción del secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, quien ha tildado de "vergüenza" que la presidenta "se permita perseguir e insultar a quienes tienen el valor de denunciar lo que pasó en la región" durante la pandemia.

López ha reprochado la "falta de humanidad" de Ayuso al utilizar esos términos para referirse a quienes "perdieron a un ser querido en las residencias y exigen saber por qué no se les atendió en un hospital".

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