La Comunidad de Madrid ha eliminado 540 procesos burocráticos desde 2020 dentro de su estrategia de simplificación administrativa, una iniciativa con la que el Gobierno regional busca reducir cargas para ciudadanos y empresas, agilizar los trámites y favorecer la actividad económica.
Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su participación en el curso de verano "Simplificación Administrativa: retos y logros conseguidos", organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de La Magdalena, en Santander.
Durante su intervención, García Martín defendió que la burocracia "no es sinónimo de rigor", sino que en muchas ocasiones "se convierte en una auténtica losa para el desarrollo, la innovación y la igualdad de oportunidades".
El consejero explicó que la estrategia del Ejecutivo madrileño se basa en simplificar la normativa, clarificar los textos legales, reducir los procedimientos administrativos y mejorar la eficiencia de la Administración, con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a empresas.
Entre las medidas más recientes destacó el decreto aprobado el pasado mes de junio para mejorar la elaboración de normas autonómicas. La nueva regulación incorpora la revisión obligatoria de la legislación regional cada cuatro años y establece como criterio general el silencio administrativo positivo cuando la normativa lo permita.
García Martín también repasó las principales reformas normativas impulsadas durante la legislatura. Entre ellas citó la Ley de Medidas Urgentes de 2022, que modificó 31 leyes autonómicas; la Ley Ómnibus de 2023, con cambios en otras 14 disposiciones; y las tres normas aprobadas en 2024 en materia urbanística, medioambiental y de gestión pública local, que afectaron a más de 130 artículos.
El consejero puso además en valor otros instrumentos impulsados por el Gobierno regional para reducir trabas administrativas.
Entre ellos figura la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un canal que permite a ciudadanos, profesionales y empresarios comunicar aquellas barreras regulatorias que dificultan el desarrollo de proyectos o actividades económicas.
También destacó la Aceleradora de Inversiones, que ha analizado una quincena de proyectos empresariales con una inversión superior a los 7.000 millones de euros, así como la normativa de Mercado Abierto, en vigor desde 2022, que facilita el ejercicio de actividades profesionales en distintas comunidades autónomas sin necesidad de obtener nuevas autorizaciones.
En el ámbito de la digitalización, García Martín resaltó los resultados de Cuenta Digital, plataforma que registró más de diez millones de accesos durante 2025 y que, según el Gobierno regional, ha permitido ahorrar más de 300.000 horas de gestiones administrativas a los ciudadanos.
El Ejecutivo madrileño sostiene que este conjunto de medidas ha contribuido a reforzar el atractivo económico de la región. Según los datos aportados por la Comunidad de Madrid, la autonomía representa el 19,8% del Producto Interior Bruto nacional, lidera la inversión extranjera y cerró 2025 con más de 28.300 nuevas empresas, el 22% del total de sociedades creadas en España.