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La Justicia ha confirmado la titularidad de la Comunidad de Madrid sobre el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, al estimar íntegramente la demanda presentada por el Gobierno regional y desestimar las pretensiones del Ayuntamiento para recuperar los terrenos. La resolución también condena en costas al Consistorio y al Consorcio Urbanístico La Cantueña.

La resolución judicial determina que la Comunidad de Madrid es la propietaria de los terrenos porque entiende que ya no está vigente la cláusula que permitía al Ayuntamiento recuperarlos si no se cumplían las condiciones de la cesión. Por ello, el juzgado ordena eliminar esa condición del Registro de la Propiedad.

Tras conocerse la decisión judicial, la presidenta de la gestora del Partido Popular de Fuenlabrada, Ana Millán, ha asegurado que el fallo "vuelve a dar la razón a la Comunidad de Madrid" y "desmonta la estrategia" del alcalde, Javier Ayala, a quien acusa de haber intentado frenar por la vía judicial la actuación del Ejecutivo autonómico.

"La Justicia ha hablado con claridad y ha situado a cada uno en su lugar", afirma Millán. La dirigente popular reclama al alcalde que abandone "la confrontación permanente con la Comunidad de Madrid", deje de "malgastar recursos públicos en litigios sin fundamento" y centre su acción de gobierno en los intereses de los vecinos de Fuenlabrada.

La presidenta del PP también vinculq la controversia con la política migratoria del Gobierno central. En su opinión, "el verdadero origen del problema es el caos migratorio provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez", al tiempo que critica que el Ejecutivo municipal intentara impedir la puesta en marcha de un recurso destinado a la atención de menores.

El conflicto por La Cantueña comenzó después de que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento para recuperar la parcela, al considerar que la Comunidad de Madrid había incumplido las condiciones de la cesión realizada hace más de dos décadas para un centro de difusión ambiental. El Consistorio sostiene que el uso actual como centro de primera acogida de menores no se ajusta a los fines previstos en el convenio original.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha defendido durante todo el proceso que la titularidad del inmueble le corresponde plenamente y que el centro responde a las competencias autonómicas en materia de protección de menores.

Con esta resolución, el juzgado da la razón al Gobierno regional sobre la propiedad de los terrenos. No obstante, el procedimiento no está cerrado, ya que el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha confirmado su intención de presentar recurso contra la sentencia.