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Lo que comenzó como un choque administrativo por el despliegue de energías renovables en la Comunidad de Madrid ha derivado en una ofensiva legal y política de calado. El Gobierno regional, encabezado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado formalmente la revisión integral de las autorizaciones concedidas a 53 macroplantas fotovoltaicas en la región, tras el estallido de la Operación Perserte hace apenas tres semanas.

Las "graves sospechas de prácticas corruptas" denunciadas en la misiva por el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, tienen nombres y apellidos. La detención el pasado 3 de marzo de Fernando Samper (presidente de Forestalia) y de Eugenio Domínguez (ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio) ha puesto bajo la lupa la integridad del proceso de concesión de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

La investigación de la UCO apunta a una presunta organización criminal dedicada a manipular y agilizar los trámites ambientales para macroproyectos de renovables. Los posibles delitos que se barajan —cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación ambiental— sugieren un sistema de "pagos por autorizaciones" que habría beneficiado a decenas de proyectos en toda España.

El epicentro del escándalo se sitúa en el Ministerio para la Transición Ecológica, el organismo competente para autorizar plantas de más de 50 MW. Dado que las 53 instalaciones proyectadas en Madrid (que suman más de 10.490 hectáreas) recibieron el visto bueno de este departamento, el Gobierno regional considera que la "seguridad jurídica" y la protección del entorno natural están seriamente comprometidas.

Así mismo, en la misiva enviada al Ministerio de Aegesen se denuncia una alteración del "orden lógico" en la tramitación de estos macroproyectos. Madrid sostiene que las DIA se emitieron antes de contar con una planificación estratégica del territorio, algo que para el consejero debe corregirse para "evitar una ocupación desordenada del suelo".

Ante esta situación, Novillo reclama evaluar el impacto conjunto de todas las instalaciones sobre la biodiversidad, el paisaje y el suelo, en lugar de hacerlo de forma aislada. El mandatario de Medio Ambiente también reclama que las regiones tengan voz decisiva en los proyectos cuya evaluación depende del Estado, y revisar el marco competencial para que sean las autonomías las que asuman la autorización de todas las plantas, incluidas las de más de 50 megavatios, que son las que generan mayores afecciones en regiones de pequeña extensión como Madrid.

En paralelo, Madrid ya ha desplegado su propio escudo normativo: el Plan de Protección del Paisaje. Esta herramienta blinda el patrimonio natural limitando la instalación de fotovoltaicas al 4% de la superficie regional (unos 320 km² ) y excluyendo expresamente los suelos de alto valor agrícola, como el olivar y el viñedo.

La estrategia regional busca demostrar que existe una alternativa al modelo de macroplantas en suelo virgen. “La prioridad del Ejecutivo autonómico es aprovechar construcciones existentes como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola”, sostiene el comunicado oficial. Los resultados de este modelo de integración urbana y áreas degradadas son ya una realidad estadística: la región ha logrado escalar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025.