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La diputada Marta Lozano ha vuelto a los estudios para detallar el último movimiento jurídico de Más Madrid: una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra los contratos suscritos entre la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid. Según la formación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha incrementado progresivamente la financiación a esta entidad desde 2021 mediante convenios de colaboración que, bajo la lupa de las pruebas recabadas, podrían esconder graves anomalías administrativas.
Uno de los puntos clave de la controversia radica en la naturaleza del convenio de colaboración, una figura que exige que ambas partes aporten fondos al proyecto. Sin embargo, Lozano señala una ausencia documental crítica: no existe registro de la partida económica depositada por la Fundación, mientras que el presupuesto regional no ha dejado de crecer, alcanzando en el último ejercicio los 1.700.000 euros.
Este escenario no es nuevo para la justicia. Ya en 2023, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a una asociación que denunció este modus operandi como una "subvención encubierta", declarando nulo el convenio de aquel año. Para Más Madrid, el reciente cambio de modelo del Ejecutivo autonómico en 2025 hacia la subvención nominativa es una confesión de culpa: "es decir, saben que lo han estado haciendo mal" y "es una clara irregularidad y una ilegalidad, están actuando fuera de la ley".
La denuncia va más allá de la Comunidad de Madrid y apunta a un entramado de tres aristas que involucra también a diversos ayuntamientos. Lozano sostiene la existencia de una "red clientelar" con el Partido Popular como eje político y una empresa privada como principal beneficiaria: Espectáculos Marisma.
Esta entidad destaca por ser la adjudicataria habitual de los servicios que la Fundación Toro de Lidia decide "externalizar". Según los datos aportados por la diputada, el mecanismo se basa en una estructura donde la Comunidad de Madrid subvenciona a la Fundación, la cual posteriormente deriva la organización de los festejos a Espectáculos Marisma. Esta empresa no solo consigue casi el 40% de los convenios gestionados bajo esta fórmula, sino que, además, habría logrado embolsarse cuatro millones de euros en los últimos cinco años gracias a sus contratos con diversos ayuntamientos, todo ello financiado "con dinero público".
Todo este engranaje financiero se sostiene, en palabras de la diputada, "con dinero público", y advierte de que este modelo de gestión ya se está replicando en otras regiones como Valencia o Cantabria.
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