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“Los protocolos de la vergüenza existieron, fueron una decisión política y, por tanto, tienen responsables políticos”. Esto es lo que, para Manuela Bergerot, confirman las declaraciones de Carlos Mur en sede judicial. “Los responsables de dejar morir a 7.291 mayores empiezan a tirar de la manta y vamos a conocer toda la verdad”, dice la portavoz de Más Madrid, señalando directamente a Isabel Díaz Ayuso y a la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.

El exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid ha negado que él fuese el autor de los llamados protocolos de la vergüenza y asegura que se limitó a dar traslado de los documentos a la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila. “Esperamos que siga la investigación judicial para que haya verdad, justicia y reparación”, insiste Bergerot, señalando que “hubo personas mayores que murieron de forma indigna, negando una asistencia hospitalaria a los que no tenían un seguro privado”.

La portavoz de Más Madrid asegura apostar por un “modelo digno para todas esas miles de personas mayores que viven en residencias y que, a día de hoy, lo hacen bajo el modelo que derivó en esos protocolos de la vergüenza” que, por su parte, el Partido Popular niega. Su portavoz en la Asamblea de Madrid dice que “aquí no hubo esos protocolos, como sí los hubo en Aragón o Cataluña”. Carlos Díaz-Pache explica que el Gobierno autonómico “actuó correctamente” y se apoya en los 143 pronunciamientos judiciales que “han dado la razón a la Comunidad de Madrid diciendo que se hizo lo que se tenía que hacer”.

Además, acusa a la izquierda de llevar “seis años politizando el dolor de las víctimas por motivos políticos”. El portavoz del Partido Popular asegura que la Comunidad de Madrid “actuó la primera y actuó bien”, seguro de que “fue un ejemplo para el resto de España y a nivel europeo”.

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