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La interrupción voluntaria del embarazo sigue enfrentando bancadas. Después de que la moción de VOX —que pretendía informar a las mujeres sobre el síndrome postaborto en los centros médicos— en el Ayuntamiento de Madrid saliese adelante con el apoyo del PP de Martínez-Almeida; la polémica echa raíces en la Asamblea de Madrid.

Un debate que crecía en el corazón de la Comunidad de Madrid después de que la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, instase a "ir a abortar a otro lado" porque el gobierno madrileño "no iba a hacer un registro de médicos objetores de conciencia como una lista negra". A esa propuesta de Ayuso, Más Madrid sale a la contra recomendando que "las opiniones sobre lo que tenemos que hacer las mujeres con nuestros cuerpos se las reserve para la intimidad de su hogar", sentenciaba Bergerot.

Por todo ello, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ponía sobre la mesa un plan para garantizar el derecho de las mujeres madrileñas a abortar en la Sanidad Pública. Una estrategia social y sanitaria que se asienta sobre tres pilares: en primer lugar, el plan incluye cumplir la ley y desarrollar el registro de objetores de conciencia. Por otro lado, Más Madrid plantea incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios de los hospitales públicos.

Como último punto, crear unidades de salud reproductiva y sexual en la atención primaria donde se realicen abortos hasta las ocho semanas. Defiende Bergerot que este plan de tres ejes tiene como punto principal "cumplir con la Ley como ordena el Ministerio de Sanidad".