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Miguel Ángel Rodríguez va 'pá lante'. El Juzgado de Instrucción Nº 25 de Madrid ha citado al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso en calidad de investigado (imputado) por un posible delito de revelación de secretos. La comparecencia está fijada para el próximo 6 de mayo y en la misma jornada declararán los dos periodistas afectados, ambos de el diario El País, y un testigo.

La decisión judicial responde directamente a la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que a finales de febrero de 2026 revocó el archivo previo de la causa y obligó a reabrir la investigación al considerar que existían indicios suficientes para indagar en los hechos.

Los acontecimientos se remontan al 19 de marzo de 2024. Ese día, dos redactores de El País se encontraban en las inmediaciones del domicilio particular de Isabel Díaz Ayuso, en el barrio de Chamberí, verificando informaciones relacionadas con las obras en el ático de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta y procesado por un presunto delito de fraude fiscal y falsedad documental.

Según la querella presentada inicialmente por el PSOE —a la que se adhirieron posteriormente el propio diario y los periodistas—, agentes de la Policía Nacional identificaron de forma rutinaria a los dos informadores en el marco de las labores de seguridad de la presidenta. Poco después, Miguel Ángel Rodríguez difundió en un chat con al menos 18 contactos —entre ellos periodistas y otros profesionales— un mensaje en el que facilitaba nombres completos, apellidos y una fotografía de los dos reporteros.

En el texto, Rodríguez afirmaba que los periodistas habían estado “acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. La información se consideró falsa por varios medios y por los propios afectados, ya que los periodistas realizaban su labor informativa de manera profesional y sin incurrir en conductas delictivas.

La Audiencia Provincial, en un auto de 20 de febrero de 2026, estimó los recursos de apelación presentados y subrayó que era “pertinente averiguar cómo, cuándo y porqué llegaron los datos de los periodistas al querellado” y si, efectivamente, los divulgó, pudiendo configurarse un delito de revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal.

Este procedimiento se enmarca en una serie de controversias judiciales y mediáticas en torno al núcleo más próximo de Isabel Díaz Ayuso, especialmente relacionadas con el caso de su pareja. Miguel Ángel Rodríguez ya ha declarado en otras causas como testigo —por ejemplo, en el juicio contra el fiscal general del Estado por filtraciones relacionadas con González Amador—, donde reconoció haber difundido informaciones que resultaron ser inexactas o bulos.

La providencia de la jueza Raquel Robles también ordena identificar a los agentes policiales que tomaron los datos de los periodistas, con el fin de aclarar la cadena de transmisión de la información reservada.

Hasta el momento, ni la Comunidad de Madrid ni Miguel Ángel Rodríguez han emitido un comunicado oficial sobre la citación. Fuentes cercanas al Gobierno regional han calificado la decisión como “una persecución política” contra el equipo de Ayuso, mientras que desde el PSOE y sectores progresistas se interpreta como un avance en la defensa de la intimidad y la libertad de prensa.

El caso sigue en fase de instrucción y no implica, por ahora, ninguna condena. La investigación deberá determinar si hubo una vulneración penal al divulgar datos de carácter reservado obtenidos en el ejercicio de funciones públicas.

Por el momento, la citación del próximo mayo marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el poder político madrileño y determinados medios de comunicación.