La Comisión abierta estatal de coordinación y lucha de los trabajadores precarios ha convocado una huelga indefinida en todo el país y a todos los colectivos "precarios" en los ministerios de Justicia, Sanidad y Educación y en la Administración local y las comunidades, según ha anunciado este miércoles en un comunicado.
Más de 900.000 trabajadores, en algunos casos con más de 20 años de experiencia, están en situación de precariedad e inestabilidad, denuncia la Comisión, por lo que "tras muchas concentraciones, manifestaciones, actos de todo tipo, entrevistas en Ministerios, conversaciones con Senadores reivindicando la fijeza" y al "no haberse solucionado", se ha convocado la huelga indefinida, que comenzará el 11 de junio.
El llamamiento va dirigido a todos los trabajadores temporales e interinos de todo el Estado, de todos los colectivos afectados, incluyendo a los funcionarios de carrera y laborales fijos, "ya que esta situación afecta, no solo a los trabajadores precarios, sino a todos, y a los servicios que hay que dar a los ciudadanos de nuestro país", señalan en el comunicado.
Según la comisión, más de 900.000 trabajadores se encuentran en situación de precariedad.
La "urgencia" de esta medida viene dada porque, mientras tanto, y "bajo el camuflaje de consolidación se están convocando procesos selectivos cuyo resultado es el despido de miles de trabajadores en precario y con largos años de servicio", asegura el colectivo.
"No puede ser que el sistema de oposiciones que se creó en el siglo XIX para evitar el despido de funcionarios con cada cambio de gobierno se utilice ahora para condenar al despido a miles de trabajadores de las Administraciones Públicas", denuncia la Comisión.
El pasado mes de mayo, la plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley (MI15F), convocó una manifestación a la que acudieron unos 2.000 personas, que recorrieron el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos con destino a la Plaza de Colón, donde se concentraron, bajo el lema #FijezaYA.
La Comisión, por su parte, formada por trabajadores de distintas Comunidades Autónomas, critica que "no es de recibo que en tiempos de indulto se nos expidan condenas", por lo que exigen para los trabajadores, "fijeza" en los puestos de trabajo.
"Esta precariedad es insostenible e injusta y afecta a todos los servicios públicos. Sobran los motivos para esta movilización y falta voluntad política inclusive para atender con un mínimo de lógica y sabiduría las indicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", remarca el grupo, que se posiciona en contra del “acuerdazo” firmado por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y "los sindicatos subvencionados".
"Siendo conscientes del esfuerzo económico que tiene el ejercicio del derecho de huelga creemos que sería oportuno que cada sector, centro de trabajo u organismo fije los días en que va a hacer efectivo este derecho de huelga, sin perjuicio del ejercicio individual que cada uno quiera hacer", plantea la Comisión.