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"La plataforma de frustrados de la izquierda lleva 143 procesos judiciales perdidos". Así ha respondido Isabel Díaz Ayuso a las nuevas denuncias que se vierten sobre su gestión de las residencias durante la pandemia del Covid-19. La presidenta madrileña ha recordado que en España murieron más de 120.000 personas, "y el Gobierno nunca dio explicaciones ni nunca trabajó como hicimos las Comunidades Autónomas".

Así mismo, la líder del Ejecutivo regional ha manifestado su pesar ante la falta de credibilidad que "el sanchismo" está intentando trasladar sobre las sociedades científicas y el Poder Judicial. "El rigor jurídico y el rigor científico era el que imperaba, y no el de los comités de expertos falsos que nunca hicieron nada más que manipular a la opinión pública, como se pretende hacer ahora", denuncia Ayuso ante los presentes.

Esta respuesta llega tras haber sido preguntada por las declaraciones que ofreció Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, el pasado lunes 26 de enero en sede judicial. El profesional, que compareció en el Juzgado de Instrucción Nº 23 en calidad de investigado por su posible responsabilidad en los "protocolos de la vergüenza", aseguró que su papel fue únicamente el de "formar", pero que él no elaboró dichos protocolos.

Así mismo, señaló a la cúpula del Gobierno de Ayuso. Aseguró que sus superiores en la Consejería de Sanidad estaban al tanto de la existencia y el contenido de estas instrucciones. Además, Mur admitió que, en la residencia investigada, faltaban recursos, pues no estaba medicalizada. Señaló que el centro carecía de los medios humanos y técnicos para ofrecer una atención digna, lo que podría chocar con el argumento de que los ancianos estaban "igual de bien atendidos" que en un hospital.