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Prevaricación y tráfico de influencias. Estos son los supuestos delitos que llevarán al hermano de Pedro Sánchez a juicio tras conocerse que la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos presentados por la defensa de David Sánchez, quien tendrá que acudir a ese juicio por los presuntos delitos relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz. Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el hecho de que el hermano del presidente no conociera siquiera el despacho en el que se desarrollaba su puesto de trabajo, a pesar de que Sánchez ya declaró en los Juzgados de Badajoz que la oficina de artes escénicas no era un lugar físico y que su cargo en la Diputación abarcaba actividades muy diversas.

¿Cómo conoció el hermano de Pedro Sánchez las bases para la vacante que ocupó? ¿Cómo fueron los trámites seguidos hasta su contratación? ¿Se conocía el parentesco entre David Sánchez y el presidente del Gobierno? ¿Se creó y adaptó la plaza expresamente para él? ¿Consiguió enchufar a su amigo Luis Carrero en la Diputación? A todas estas preguntas pretende dar respuesta la Audiencia Provincial de Badajoz continuando con el procedimiento, que tendrá su siguiente parada en el juicio al que tendrá que acudir David Sánchez y otras personas, entre las que se encuentra Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz.

Gallardo cree que “existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura”. El socialista señala que David Sánchez superó con éxito las "pruebas objetivas de idoneidad" para este acceder a una plaza de puesto directivo que existía "desde hace muchos años". Insiste en que, “en ningún momento se ha acreditado que el proceso de selección y adjudicación fuera irregular, ni siquiera tras los registros que hizo la UCO en la Diputación de Badajoz y del exhaustivo escrutinio de 44 millones de correos electrónicos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparado “la suerte qué tiene el hermano de Pedro Sánchez” con la que parece correr su pareja, que será juzgado por un supuesto delito de fraude fiscal de 350.000 euros perpetrado mediante facturas falsas. La apertura de juicio oral por parte de la jueza no solo recoge esta acusación, si no también las presentadas por PSOE y Más Madrid, que hablan de un posible delito contable y pertenencia a grupo criminal.

Isabel Díaz Ayuso considera que, mientras el hermano de Pedro Sánchez cuenta con “todo el apoyo de Hacienda, de los poderes del Estado, de todos los estamentos de la Abogacía, de la Fiscalía y de 22 ministros”, el caso de su pareja “es el de una inspección fiscal de un señor que todavía no ha ido a juicio”. La presidenta regional asegura que “en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene”, acusando al presidente del Gobierno de dirigir “la agenda mediática de este país”. Una vez más, Ayuso repite que el caso de Alberto González Amador es el de “una inspección fiscal que se produce hacia una persona cuando empieza a ser mi pareja, de una etapa en la que no era mi pareja, que no tiene nada que ver con mi gestión en la Comunidad de Madrid”. La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a desmarcarse del asunto, anunciado que repetirá lo mismo "las veces que haga falta".

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