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Francisco Martín ha hecho un balance sobre las cifras de criminalidad en la Comunidad de Madrid durante el segundo trimestre de 2025. El delegado del Gobierno en la región ha asegurado que, si bien es cierto que los datos demuestran una mejora en la seguridad, hay algunos frentes que requieren especial atención y actuación, como son los delitos contra la libertad sexual, los cuales han experimentado un aumento.

Martín ha vuelto a tender la mano al Partido Popular para analizar la situación que atraviesa la región en materia de violencia sexual, a pesar de la negativa de estos a participar en la mesa de trabajo organizada por la Delegación, y en la que se encuentran varios agentes, "profesionales de distintos ámbitos y también aquellos partidos políticos que han querido sumarse". El delegado insiste en que "hay que exigir responsabilidad a todos los actores políticos de nuestra región", y "no cabe propagar el miedo ni inocular el odio".

En la Comunidad de Madrid se han denunciado 352 agresiones sexuales con penetración en el primer semestre de 2025. El resto de tipologías de agresión han aumentado de 1.098 a 1.230 denuncias, un 12% más que en 2024. "De nuevo hago un llamamiento a tomarnos en serio la lucha contra la violencia sexual", sostiene Martín, defendiendo la supuesta lucha que mantiene el Gobierno de España en esta materia.

Enseguida ha saltado a la palestra uno de los últimos sucesos que ha trascendido a la política madrileña, la violación de una menor por otro adolescente en el barrio de Hortaleza. Al parecer, los indicios señalaban que el menor era un migrante perteneciente al centro de menores que se encuentra en el distrito, algo que ha sido muy denunciado estos últimos días por parte del Partido Popular y de VOX.

Para Martín, este es un ejemplo de cómo algunos "no tienen mayor preocupación por la cuestión de la violencia sexual, solamente les interesa cuando les puede contribuir a alimentar sus discursos de odio contra los migrantes". El delegado ha aprovechado para reiterar su invitación a todos los agentes políticos para participar de la mesa de análisis, sobre todo "al partido que sustenta el Gobierno de la región".