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El caso Púnica logra lo inimaginable: sentar en un mismo banquillo a políticos de diferentes ideologías. La investigación continúa sobre las adjudicaciones millonarias que desde algunos ayuntamiento de la Comunidad de Madrid se habrían realizado a la empresa Cofely. La Audiencia Nacional reanudaba los juicios el pasado miércoles 17 de septiembre llamando a declarar a siete exalcaldes madrileños: cinco del Partido Popular, uno del Partido Socialista y otro de Unión Democrática Madrileña (UDMA).

La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para Agustín Juárez, quién fue alcalde de Collado Villalba entre los años 2011 y 2014. Cabe recordar que esta trama se habría desarrollado entre los años 1999 y 2013, según marcan las investigaciones y siendo destapada en octubre de 2014. El exalcalde popular de Villalba incidió durante el juicio en su inocencia. Por su parte, el abogado de Juárez sostenía que fue un intermediario quién habría negociado la comisión de 400.000€ del contrato que ahora se investiga. La defensa también puso sobre la mesa que su cliente en el mismo momento de destaparse la operación presentó su dimisión.

La actual oposición del Ayuntamiento de Collado Villalba se hacía eco de la noticia. Desde el Partido Socialista del municipio, su portavoz Andrés Villa, subrayaba que "Agustín Juárez ha sido el único alcalde que ha salido detenido del ayuntamiento por querer llevarse mordidas del dinero de los villalbinos". A colación de esto, destaca el socialista que Mariola Vargas, actual regidora de la ciudad, "era su concejala".

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