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El PP de Boadilla le pide a Sánchez que haga test de seroprevalencia a toda la población
La formación cree que es la forma de poder seguir avanzando con garantías en la desescalada
Boadilla del Monte |

El Pleno de Boadilla del Monte ha tenido como claro protagonista al coronavirus. La pandemia, que ha paralizado nuestro país, marca la agenda política de nuestro país, tanto del Gobierno central como del resto de instituciones. Un ejemplo ha sido que el Partido Popular de Boadilla del Monte ha presentado una moción para pedirle al presidente Pedro Sánchez la realización urgente de test de seroprevalencia a toda la población.

Es, según el Partido Popular, la única forma de seguir avanzando con garantías en la desescalada. Por ese motivo, los populares reclaman “la puesta en marcha de un plan preciso, coherente y detallado de salida del confinamiento que combine la seguridad sanitaria y la recuperación de la actividad social y económica de nuestro país”.

En la misma línea, el PP de Boadilla ha denunciado la intención del Gobierno de España de “incautarse” del superávit acumulado

En la misma línea, el PP de Boadilla ha denunciado la intención del Gobierno de España de “incautarse” del superávit acumulado en los ayuntamientos del país “para tapar su ruinosa gestión”. Por ello, la formación ha avisado: “si dejamos que lo hagan con los Ayuntamientos, lo tendrán más fácil para hacer lo mismo más tarde con los españoles”.

El Partido Popular de Boadilla ha vuelto a exigir que las administraciones locales puedan utilizar el 100% de esos 28.000 millones de euros de superávit ahorrados durante estos años “para hacer frente directamente a las necesidades de sus poblaciones afectadas por los graves efectos de la pandemia a corto y largo plazo”.

Para ello, el PP ha solicitado en el Pleno municipal que el Gobierno central adelante a los Ayuntamientos el 50% de las entregas a cuenta, 18.900 millones de euros; la creación de un fondo adicional no condicionado de 5.000 millones de euros para las entidades; y fondos específicos para el rescate del transporte público (500 millones de euros) y para aumentar las ayudas de alimentación (300 millones de euros).