La sanción económica va de los 600 a los 30.000 euros
Los impostores, que no tenían antecedentes, fueron denunciados de acuerdo a la ley de protección de la seguridad ciudadana 4/2015. El escrito condena el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones, ya sean oficiales o réplicas, así como de cualquier otro elemento que pueda generar engaño sobre la pertenencia de quien lo porte a los cuerpos policiales o de servicios de emergencia.
La sanción mínima establecida por dicha ley (popularmente conocida como Ley Mordaza), es de 600€, pudiendo alcanzar incluso los 30.000 en el caso de infracciones graves. Aunque el monto puede alcanzar los 600.000 euros si el implicado comete un acto que sea considerado como muy grave.