MENÚ

La Fiscalía de Alcalá de Henares ha denunciado al Ayuntamiento de Algete en el Juzgado al percibir indicios de un posible delito de prevaricación administrativa. En concreto, el organismo se refiere a un decreto aprobado por el consistorio en el que se contrató a un auxiliar informático (funcionario) saltándose el orden de candidatos de manera "arbitraria, injustificada y sin respetar la normativa aplicable", sostiene en el auto al que ha tenido acceso Soyde.

Cabe recordar que este hecho se produjo el pasado 9 de abril de 2025, aunque hay que acudir al 14 de marzo del 2023 para entender el contexto. En esta fecha, el Ayuntamiento de Algete, en su intención de constituir una bolsa de trabajo de auxiliares de informática, dictó un Decreto por el que aprobaban las bases específicas para convocar un concurso-oposición con el que poder cubrir dichas plazas, y tal como establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Una vez realizadas las pruebas, el 23 de mayo de 2023 se elaboró la lista definitiva con los tres candidatos seleccionados para el puesto, siguiendo un orden en función de sus calificaciones, del 1 al 3, siendo el primero el que mejor nota consiguió y el 3 el que menor puntuación obtuvo. Como también indica la Fiscalía en su auto, los aspirantes deben ser llamados en ese orden fijado (1,2,3), situación que recoge el Tribunal Calificador, y, en caso de que el primero renuncie al puesto o incomparecencia, se llamará al siguiente en la lista y "así sucesivamente".

En el caso del Ayuntamiento de Algete, ocurrió que el primer aspirante renunció al puesto, decisión que se registró el 9 de abril de 2025. No obstante, enseguida se aprobó otro decreto por el que se acordó la contratación del número 3 de la lista, saltándose al número 2, como establece el orden previamente mencionado, y sin, aparentemente, ninguna justificación.

Este punto podría ser constitutivo de delito de prevaricación administrativa, y así lo ha manifestado la Fiscalía en su denuncia remitida al Juzgado. Esta falta se comete cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución aun sabiendo que no se ajusta a derecho, y está incluida en el artículo 404 del Código Penal, penada con inhabilitación para empleo o cargo público.

Desde este medio nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer qué medidas van a emprender. No obstante, fuentes del consistorio sostienen que no han recibido ninguna notificación ni la Fiscalía se ha puesto en contacto con ellos.