No existen problemas de plantilla en la residencia de mayores que gestiona la Comunidad de Madrid en la localidad. Así lo ha determinado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón, Agustín Carretero, que ha archivado la denuncia presentada por un grupo de empleadas del citado centro en mayo de 2019. El fallo, firme; la causa, cerrada, según han avanzado fuentes judiciales a El País. Carretero dictó un primer auto de sobreseimiento el pasado 25 de noviembre y, al no haber recurrido las trabajadoras ni ante el propio juzgado ni ante la Audiencia Provincial de Madrid, archivó el caso de forma perentoria el 31 de enero.
Varias trabajadoras de la residencia de mayores de Alcorcón interpusieron el 17 de mayo pasado una denuncia ante los Juzgados de Alcorcón por “ausencia temeraria de personal en este centro”, lo que, a su juicio, se traducía en que no se atendía a los residentes “en condiciones dignas”. Para ello, ponían ejemplos como lo ocurrido el 13 de mayo de 2019, cuando solo trabajaron 20 profesionales para “atender y realizar los aseos, comidas, reparto de medicación, cambios de pañales y vigilancia de los internos”.
“No podemos hacernos responsables de la seguridad ni de una correcta atención de los residentes, por la presión y el abandono que vivimos, ni por la falta tan abrumadora de personal”, recogía la denuncia, en la que también se acusaba a la dirección de “abuso de poder” por tenerlas sometidas “a este estrés y lamentables condiciones”. Fue entonces cuando se puso de relieve que “el centro no cumplía la ratio mínima exigida para una residencia de ese tamaño”.
Carretero dictó un primer auto de sobreseimiento el pasado 25 de noviembre y, al no haber recurrido las trabajadoras archivó el caso de forma perentoria el 31 de enero
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que ya hizo una primera investigación en abril de 2017 por la muerte de un interno en el jardín del centro y también la sobreseyó, pidió un informe detallado a la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Entre la documentación requerida, la plantilla, los turnos y el reparto de funciones. Tras recibir y analizar toda la documentación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, el magistrado dictó un primer auto de sobreseimiento el pasado 25 de noviembre al no encontrar ninguna irregularidad que fuera delictiva. Los trabajadores tenían un plazo de cinco días para recurrir ante el propio juzgado o ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero no lo hicieron. El magistrado dictó el auto de sobreseimiento definitivo el pasado 31 de enero, tumbando la denuncia de las trabajadoras.