Confirmado, las denuncias hacia la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz siguen adelante. Ahora, el Tribunal de Instancia número 2 de la localidad llevará el caso tras el informe de la Fiscalía de Alcalá de Henares, que ve indicios claros de prevaricación.
La polémica estalló el pasado tres de diciembre, cuando el diario El País sacó a la luz unos audios en los que se escuchaba a Pablo Gallart, por entonces CEO del Grupo Ribera, empresa encargada de la gestión del centro, dando instrucciones a los jefes de servicio de "desandar el camino" de la reducción de las listas de espera.
El objetivo, según se pudo entender en los audios, era aumentar artificialmente los tiempos de espera para ciertos procesos y rechazar a los pacientes menos rentables, con el fin de elevar el beneficio económico de la empresa hasta alcanzar un EBITDA de entre 4 y 5 millones de euros. Una maniobra que desgranamos en el siguiente artículo.
Enseguida, tanto asociaciones como formaciones políticas denunciaron los hechos, elevándolos incluso a la Fiscalía, que unificó las demandas en una causa única. Así, tras analizar las pruebas aportadas, el órgano judicial ha determinado que, efectivamente, hay indicios de delito. El Ministerio Fiscal sospecha que se dieron órdenes internas para manipular las listas de espera y derivaciones, no por criterios clínicos, sino para ajustar el cierre del ejercicio económico de la empresa gestora y maximizar beneficios.
Por ello, y al considerar que los hechos denunciados pueden incurrir en un delito penal, la Fiscalía ha interpuesto una denuncia formal que ha derivado al Tribunal de Instancia de Torrejón, el cual investigará la causa. Ahora, si el juez confirma que se han falseado datos o se ha gestionado de forma desleal el dinero público, la Comunidad de Madrid tendría base legal para rescindir el contrato con el Grupo Ribera sin tener que pagar indemnizaciones por lucro cesante.