El Partido Popular de Serranillos del Valle ha informado de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid ha estimado el recurso presentado por su portavoz, Juan Quintana, y ha anulado una sanción económica que le fue impuesta durante un Pleno municipal cuando aún era alcalde Iván Fernández antes de su dimisión.
Según el comunicado difundido por la formación, la resolución judicial considera que la sanción no se ajustaba a Derecho al no quedar suficientemente acreditados los hechos en los que se basó la infracción, que se referían a "faltas de respeto al resto de concejales", por lo que deja sin efecto la multa impuesta al concejal.
Para el PP, este fallo supone un precedente relevante al cuestionar la aplicación del régimen sancionador incorporado al Reglamento Orgánico Municipal, que, según sostiene la oposición, ha sido utilizado durante el actual mandato para condicionar la labor de fiscalización de los concejales populares.
Los populares afirman que el alcalde había advertido públicamente en diferentes plenos, medios de comunicación y redes sociales de que seguiría imponiendo sanciones a los concejales de la oposición si consideraba que incumplían el reglamento municipal. A su juicio, esa situación ha generado un clima de presión que dificulta el normal ejercicio de la labor de control al Gobierno local.
El comunicado también critica el uso de los canales oficiales del Ayuntamiento para difundir información sobre las sanciones impuestas a concejales del Partido Popular. La formación asegura que en esas publicaciones se identificó a los ediles afectados y se ofrecieron detalles sobre las multas, una actuación que considera impropia de los medios institucionales.
Además, el PP denuncia que durante el mandato ha encontrado dificultades para acceder a expedientes, contratos y otra documentación municipal necesaria para desarrollar su función de oposición. También sostiene que sus iniciativas plenarias son rechazadas de forma sistemática por el equipo de Gobierno.
A juicio del Partido Popular, la sentencia trasciende el caso concreto de la multa anulada y abre un debate sobre el funcionamiento institucional del Ayuntamiento y el respeto al papel de la oposición en el control de la gestión municipal.
Respuesta del Ayuntamiento
Tras conocerse el comunicado del Partido Popular, fuentes municipales precisan a SoydeMadrid que la sentencia hace referencia a una sanción impuesta hace aproximadamente un año por el entonces regidor Iván Fernández Heras y no a las multas acordadas recientemente durante el último Pleno municipal.
Puntualizan también que el fallo judicial ratifica únicamente la anulación de aquella sanción concreta, una decisión que, aseguran, está "cogida con pinzas" y que, a su juicio, queda reflejado en que el juzgado no impuso el pago de las costas procesales.
Desde el Ejecutivo local sostienen que las sanciones impuestas en el último Pleno a Juan Quintana y a otra concejala de la oposición fueron abonadas mediante pronto pago y consideran que están correctamente tramitadas. En su opinión, la resolución judicial conocida ahora "no tiene nada que ver" con esas multas, por lo que rechaza que pueda interpretarse como un cuestionamiento del régimen sancionador actualmente aplicado por el Ayuntamiento.