Los últimos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior arrojan una fotografía dual sobre la seguridad en Rivas-Vaciamadrid. Si bien el municipio ha logrado reducir algunos de los delitos más graves contra la integridad física, se enfrenta a un desafío creciente: la digitalización del crimen. Según el balance anual, las infracciones penales totales pasaron de 5.312 en 2024 a 6.164 en 2025, lo que supone un incremento del 16%.

El dato más alarmante del informe es el crecimiento exponencial de la cibercriminalidad, que ha subido un 30,3% en apenas doce meses. Las estafas informáticas se han consolidado como el principal motor de esta tendencia, con 1.504 casos registrados. Este tipo de delitos ya supone casi el 25% del total de las infracciones en el municipio, confirmando que el delincuente común está trasladando su actividad de la calle a la red.

En cuanto a la criminalidad convencional (que sube un 11,5%), los datos muestran una de cal y otra de arena. Se produce un aumento en los delitos patrimoniales, siendo los hurtos las infracciones más frecuentes, 1.844 (+20,5%). También preocupa el repunte de los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que crecen un 17,9%, y el robo de vehículos, que se dispara un 39,2%. No obstante, las cifras de delitos violentos mejoran, ya que los robos con violencia disminuyen.

Uno de los puntos más reseñables del balance es la caída de los delitos contra la libertad sexual, que han bajado un 17,2% en el último año. Destaca especialmente que, frente a las 8 agresiones sexuales con penetración registradas en 2024, el cierre de 2025 arroja una cifra de cero casos, un dato que supone un alivio en las estadísticas de seguridad ciudadana más crítica.

Con estos datos, la ciudad gobernada por Aída Castillejo refleja una tendencia nacional: el desplazamiento de la delincuencia hacia métodos menos arriesgados físicamente pero muy efectivos económicamente, como el fraude online. Aunque la seguridad personal física parece haber mejorado en ciertos indicadores clave, la protección del patrimonio y la ciberseguridad se perfilan como los grandes retos de las autoridades locales para el presente año.