El Ayuntamiento de Pozuelo ha presentado sus alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central en un juzgado de Madrid para impedir que el consistorio haga efectivo el cierre del centro de inmigrantes que el Ministerio de Migraciones mantiene sin licencia en esta ciudad. Esas alegaciones insisten en lo que el consistorio viene defendiendo desde que en septiembre decretó el cierre definitivo y dio al Ejecutivo central cuatro meses para que cesara en esa actividad por incumplir no solo la normativa municipal, sino también la estatal.
Y es que ese centro solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio ministerio en la documentación que trasladó al consistorio en verano y que ha aportado ahora al juzgado. Todo ello representa un “riesgo cierto de hacinamiento”, denuncia el Ayuntamiento de Pozuelo en su escrito al juzgado.
Además, la única licencia con la que cuenta este edificio desde 2013 dejaba claro que “será necesaria la obtención de nueva licencia de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones” y añadía que “cualquier modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados al ayuntamiento”, todo lo cual ha incumplido el Gobierno central.
Ya de entrada, la TGSS cedió ese inmueble a Migraciones para una actividad muy distinta a la original y sin solicitar una nueva licencia. Además, esa cesión se hizo en marzo de 2022, según el ministerio, “única y exclusivamente” para la emergencia por la guerra de Ucrania, pero un año y medio después, en septiembre de 2023, lo convirtió en un centro permanente y genérico, de nuevo sin pedir licencia y pese a que la atención a solicitantes de asilo de todo el mundo, por su propia naturaleza y dimensión, requiere de unas instalaciones muy distintas y con mucha más capacidad que para un caso puntual.
Desde el Ayuntamiento consideran que "el Gobierno central también incumplió así su propio acuerdo por el que adscribió a Migraciones ese edificio de la TGSS solo para la emergencia por la guerra de Ucrania, no para todos los demás casos".
"No contento con esta situación irregular y para enredarla más todavía, el Gobierno central ha amenazado en al menos un par de ocasiones con utilizar este mismo centro para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados, una posibilidad que no ha llegado a consumar y con la que, al menos de momento, no ha vuelto a amagar después de que el Ayuntamiento de Pozuelo advirtiese de inmediato a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores" agregan desde el consistorio.
A la espera de la Justicia
En estos más de cuatro meses, el ministerio del ramo no solo "no ha hecho nada" por regularizar esa situación en la vía administrativa, sino que se ha limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre, cuyo plazo vencía el pasado sábado.
Tras esa maniobra del Gobierno central, es ahora el juzgado quien debe decidir si mantiene abierto ese centro sin licencia, por lo que el consistorio ha preferido respetar unos plazos judiciales que se han prolongado más allá de la fecha de cierre porque el recurso presentado por el ministerio el 17 de noviembre tardó más de un mes en llegar al ayuntamiento, concretamente la víspera de Nochebuena, momento a partir del cual empezó correr el plazo de alegaciones para el ayuntamiento con el parón navideño de por medio.
La alcaldesa de Pozuelo, la popular Paloma Tejero, explica que, “cuanto más avanza este ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas. Confiamos en que la Justicia actúe ante esta irresponsabilidad y, en cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea”.