El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha declarado el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) del Gobierno central tras el estudio de las alegaciones y el recurso de reposición presentados el pasado 14 de agosto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Así, ya se ha notificado la resolución en la que el Consistorio, atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las más de 400 personas que allí residen según los últimos datos ofrecidos por el propio Gobierno central, da cuatro meses de plazo al Ejecutivo (el doble del que el propio ministerio reconoce como promedio de estancia) para que las realoje, evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos. No obstante, no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato.
Esta decisión llega después de que el pasado 30 de julio se notificara al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad tras comprobar que no disponía de licencia de funcionamiento. Así, y según la información que el propio Ministerio aporta en sus alegaciones, en la instalación se viene realizando una actividad de centro de acogida y alojamiento, que no está autorizada y cuyo uso es incompatible con la normativa municipal.
La propia documentación aportada por el Ministerio pone de manifiesto que desde el 1 de julio se autoriza una ocupación de hasta 564 plazas en el centro, a pesar de que la única licencia de obras que figura en proyecto original y que está fechada en 2013 es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con auditorio y hospedaje con 150 habitaciones. “Un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando a 400 menores no acompañados a dicha instalación”, afirma la alcaldesa, Paloma Tejero.
Así, reconoce el citado ministerio que había cientos de personas alojadas en el centro sin las condiciones necesarias, a pesar de que en la inspección realizada por los técnicos municipales el pasado 29 de julio no pudieron comprobarlo porque la entidad gestora y el propio ministerio les negaron el acceso. Sin embargo, no existe ninguna referencia en las alegaciones del ministerio al motivo principal de la orden de cierre, que es que se está ejerciendo una actividad no autorizada y que es causa suficiente y necesaria para su clausura.
Además, y pese a que el consistorio notificó al Gobierno central que el centro carecía de la licencia correspondiente, toda vez que ha multiplicado por más de siete su capacidad de alojamiento y para un uso bien distinto, el Ejecutivo ha ignorado la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar una nueva y adecuada licencia, para lo cual tuvo de plazo hasta finales de agosto.
Esta noticia a provocado las declaraciones de Isabel Pérez Moñino: “Lo celebramos por los vecinos de Pozuelo que podrán dormir tranquilos gracias a la presión de Vox para cerrar este centro de ilegales. El PP se conforma con pasar el problema de un municipio a otro, pero no hablan de repatriar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen. En Vox, lo tenemos claro, ni en Fuenlabrada ni en Pozuelo, billete de vuelta.”