Estamos en los años de la polarización y nada escapa a ese enorme agujero negro que engulle todo a su alrededor. Ahora es la universidad la víctima de este proceso de enfrentamiento entre ‘rojos y azules’. El Gobierno acaba de poner en marcha un decreto ley para endurecer las condiciones por las que se pueden poner en marcha universidades privadas que, según su criterio, piensan más en los beneficios anuales que en la calidad de los estudios que ofertan.
Para algunos dirigentes socialistas estas nuevas entidades que ofrecen decenas de titulaciones de educación superior son tan solo ‘chiringuitos’ que ven en este sector una buena ocasión de hacer negocio. Los populares, por su parte, han salido en tromba a denunciar lo que consideran un nuevo ataque a la Educación en nuestro país y piden respeto para esos centros privados que, en algunos casos, aparecen en los primeros puestos de los rankings de calidad.
El Ejecutivo señala que el debate no va de ‘públicas o privadas’ sino de mejorar la calidad de nuestra enseñanza. Es pertinente preguntarse, por tanto, si la universidad sigue siendo ese ascensor social que funcionó muy bien desde los años 80 o se ha convertido en un centro de negocios en el que lo único que importa es la cuenta de resultados de sus promotores. Así lo explicó la portavoz gubernamental y ministra de Educación, Pilar Alegría, que dijo que lo que se pretende es ir contra las llamadas "universidades de garaje" que solo buscan extender títulos que no tienen ni calidad ni futuro para los alumnos.
El problema es que, según dijo la ministra Diana Morant, se ha detectado que muchos utilizan las universidades para intentar hacer negocio lo consiguen. Siempre es el mismo modelo, el que defiende el PP, que quita recursos a la Educación Pública para crear espacio a un mercado muy beneficioso. En la educación superior, con la llegada de los grados universitarios que redujeron a 4 años los estudios, afloraron como setas universidades online que ofertan másters de todo tipo, en muchas ocasiones de dudosa eficacia. Eso es lo que quiere cortar el Gobierno.
Ni el Psoe ni el Gobierno van contra la privada, no podrían hacerlo, cuando el propio Pedro Sánchez estudió en entidades privadas y su famoso doctorado tiene el sello de la Universidad Camilo José Cela. Por cierto, una universidad a la que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado indirectamente de regalar títulos, al decir la semana pasada en la Asamblea de Madrid que el líder socialista tiene una especie de doctorado de pega. Utiliza la líder popular el mismo argumento que la vicepresidenta socialista, María Jesús Montero, de dijo hace unos días eso de que estas universidades 'venden' sus títulos frente a las públicas. No deja de ser curioso que, en su lucha partidista PP y PSOE, mejor dicho, algunos de sus dirigentes, caigan en estas contradicciones. A no ser que Ayuso crea que las universidades privadas son tan prestigiosas o más que las públicas menos cuando sus alumnos son de izquierdas; o que la ministra Montero crea que sólo los de derechas 'compran' títulos.
Lo cierto es que en España hay actualmente 50 universidades públicas y 41 privadas. Éstas últimas eligen, curiosamente, la Comunidad de Madrid para implantarse. En nuestra región tenemos ocho universidades privadas (y creciendo) y seis públicas. No hay que centrar cuáles son mejores, sino cuáles ofertan titulaciones de calidad y cuáles han llegado para hacer negocio. Quizás haya espacio para todas, pero no está de más poner un mínimo de calidad porque sino estaríamos engañando a nuestros estudiantes.
Sorprende, no obstante, que cuando se abre un debate siempre el PP se ponga de lado de lo privado que de lo público. Quizás es que necesita que a su alrededor florezca el negocio para que les pueda ir bien en lo político.