NAVALCARNERO | El informe definitivo de la UCO confirma que Ignacio González recibió comisiones por el tren a Navalcarnero

El documento emitido por la Guardia Civil también señala a Ildefonso de Miguel, ex director del Canal de Isabel II

El documento emitido por la Guardia Civil también señala a Ildefonso de Miguel, ex director del Canal de Isabel II

Ambos recibieron un millón y medio de euros por la adjudicación de las obras.

Imagen: Ayto. Móstoles

 

 

El informe definitivo emitido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acerca de una de las piezas del caso Lezo, relacionado con las obras inacabadas del tren de Móstoles a Navalcarnero, y en el que se veía envuelto el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, constata que tanto éste como el que fuera director del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, recibieron un millón y medio de comisiones por la adjudicación de los trabajos a la empresa concesionaria, OHL. Así lo ha adelantado la Cadena Ser, que ha tenido acceso al documento, el cual corrobora la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita cuatro años de prisión para ambos y tres y medio para el supuesto intermediario, Adrián de la Joya, quien, según la Fiscalía, y "recibiendo instrucciones de Javier López Madrid, movió el dinero hasta Suiza después de que los fondos viajasen desde España hasta México a través de dos empresas del grupo OHL, hasta llegar a Ildefonso de Miguel en una cuenta oculta a las autoridades tributarias", en una posible operativa de compensación de fondos con transferencias coincidentes en fechas . 

 

 

 

 

Los datos aportados en un análisis del flujo de la información financiera y bancaria apuntan a unos movimientos de pagos que oscilaron entre varios países  y que tenían al expresidente de la Comunidad de Madrid como uno de los destinatarios, indicando que se abonaron 38 millones de euros en comisiones a cambio de adjudicaciones. Los elementos recabados hacen referencia, asimismo, a conversaciones entre González y Granados y declaraciones de confidentes y empresarios como David Marjaliza. El expresidente de la empresa, Juan Miguel Villar Mir, no se sentará en el banquillo, pese a los indicios de la Guardia Civil que apuntan a que estaba informado de la situación y que lo señalan como presunto ejecutor principal de las transacciones financieras. “Ningún directivo de una sociedad que licite un concurso debe tratar de dar indicaciones o influir en la entidad adjudicataria, ya que el resultado del concurso debe ceñirse únicamente a la valoración de las ofertas bajo el prisma de los principios de la contratación pública” se desprende del informe. 

 

 



Ningún directivo de una sociedad que licite un concurso debe tratar de dar indicaciones o influir en la entidad adjudicataria, ya que el resultado del concurso debe ceñirse únicamente a la valoración de las ofertas bajo el prisma de los principios de la contratación pública

 

 

 

 

La ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero fue un compromiso electoral bajo el mandato de Esperanza Aguirre, después de alcanzar un convenio con el Ministerio de Fomento a la hora de asumir esta infraestructura de transporte. La Comunidad de Madrid anunció este proyecto en 2005 y la licitó a OHL (grupo global de infraestructuras, experto en construcción y gestión de concesiones, referente en ingeniería civil e industrial) en 2010. El trazado tendría, de haberse realizado, 15 km de recorrido y 7 estaciones, teniendo que estar inaugurado a finales de 2015; pretendía unir Móstoles y Navalcarnero y mejorar las comunicaciones de Parque Coimbra, estableciendo una conexión ferroviaria con la Plataforma Logística Puerta del Atlántico, en un contrato que incluía el soterramiento de 3 kilómetros de vía.

 

 

OHLA (antigua constructora OHL) ponía en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante el pasado mes de diciembre que la Comunidad de Madrid tenía que abonar la cantidad de 162.495.773,41 euros a su filial 100% Cercanías Móstoles Navalcarnero, S.A. (CEMONASA), en concepto de pago de la liquidación del contrato de redacción de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública. el Gobierno regional había reclamado, por su parte y sin éxito, una indemnización de 356 millones de euros a la matriz de Cemonasa como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato", si bien el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación y emitió un fallo que obligaba al Ejecutivo madrileño a devolver 34 millones de euros como penalización judicial.

 

 

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