El Tribunal Supremo ha dictado este lunes sentencia en la pieza principal del ‘caso Koldo’ o ‘caso mascarillas’, la primera condena firme de la trama de presunta corrupción que estalló en 2024 y que afecta directamente al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Según fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal del Supremo ha condenado a:
- José Luis Ábalos a 24 años de prisión.
- Koldo García, su exasesor, a 19 años de prisión.
- Víctor de Aldama, empresario y comisionista, a 4 años y medio de prisión.
No obstante, la Justicia ha acordado suspender la ejecución de la pena de Aldama por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
La sentencia, que ha sido unánime, llega tras un juicio que se celebró entre abril y mayo de 2026 y que quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo. Los magistrados consideran probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Contexto de la sentencia
Koldo García y José Luis Ábalos llevan en prisión provisional desde noviembre de 2025 por riesgo de fuga. El Supremo ha rechazado en varias ocasiones su excarcelación, argumentando que la sentencia era inminente y que los hechos enjuiciados son “muy graves”.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido 24 años para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama. La acusación popular (PP) solicitaba penas aún más altas.
Esta sentencia se refiere principalmente a las irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas desde el Ministerio de Transportes. La investigación continúa abierta en otras piezas separadas, que incluyen presuntos amaños en obras públicas y otras ramificaciones.