NOTICIAS | El aumento de la incapacidad temporal triplica el gasto desde 2017 y alcanza los 16.500 millones

La Autoridad Fiscal propone reforzar la supervisión y crear un sistema integrado de información para corregir disfunciones estructurales

La Autoridad Fiscal propone reforzar la supervisión y crear un sistema integrado de información para corregir disfunciones estructurales

La Incapacidad Temporal supone ya un gasto de más de 16.000 millones de euros al año.

Imagen: Archivo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de un deterioro significativo en los principales indicadores de la incapacidad temporal (IT) y ha planteado una reforma profunda de su sistema de gestión para contener su impacto económico. El organismo constata que el gasto en esta prestación se ha triplicado desde 2017 hasta alcanzar los 16.500 millones de euros en 2024, lo que la convierte en la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

 

El diagnóstico se enmarca en el estudio sobre IT incluido en la segunda fase del Spending Review 2022-2026. La evaluación identifica una deficiencia estructural en la gobernanza del sistema derivada de la separación entre quien concede la baja -los médicos de atención primaria- y quien asume el coste financiero -el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)-. Esta fragmentación, agravada por la descentralización sanitaria, dificulta la internalización del coste económico y eleva el riesgo de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos.

 

La advertencia llega en un contexto de fuerte crecimiento de la prestación. Entre 2017 y 2024, la incidencia de las bajas por contingencias comunes aumentó cerca de un 60%, mientras que la duración media de los procesos se incrementó un 15%. El repunte ha sido especialmente intenso en patologías de elevado coste, como los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas, en paralelo a un aumento de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.

 

A estos factores se suma el carácter procíclico de la IT, que tiende a aumentar en fases expansivas del ciclo económico, así como el incremento de la demanda asistencial tras la pandemia. La AIReF también subraya el impacto de los cambios normativos y laborales recientes. La restauración del complemento retributivo del 100% para empleados públicos elevó en un 40% la probabilidad de iniciar una baja, mientras que el paso de contratos temporales a indefinidos tras la reforma laboral incrementó esa probabilidad en torno a un 30%.

 

El análisis cuantitativo revela además una elevada concentración de episodios en un grupo reducido de trabajadores con bajas reiteradas. Paralelamente, se observa un aumento de procesos de muy corta duración que no generan gasto directo para la Administración, pero sí trasladan crecientemente los costes a las empresas.

 

Ante este escenario, la AIReF propone como eje central la creación de un sistema de información integrado que garantice la interoperabilidad entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas y las empresas. Este sistema incorporaría herramientas analíticas avanzadas para estimar la duración esperada de las bajas, detectar desviaciones y activar alertas tempranas, con el objetivo de mejorar la eficiencia sin menoscabar la protección de los trabajadores.

 

El organismo también plantea reforzar la capacidad de intervención del INSS, priorizando los casos con mayores desviaciones y los trabajadores con episodios recurrentes, así como estrechar la colaboración con los médicos de atención primaria mediante herramientas digitales de apoyo y mayor respaldo técnico.

 

Por último, la AIReF aboga por implicar más activamente a las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y en la mejora de la salud laboral, y propone evaluar de forma sistemática las listas de espera sanitarias, comenzando por mejorar la calidad y accesibilidad de los datos disponibles.

 

Como complemento al estudio, la institución ha presentado una herramienta interactiva que permite el seguimiento de los principales indicadores de IT para 9.500 tipologías distintas de trabajadores, con el objetivo de reforzar la transparencia y facilitar el análisis económico de esta prestación clave del Estado del bienestar.

 



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