Policías y guardias civiles se han concentrado esta mañana frente a la sede del Ministerio del Interior para pedir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía Nacional. La polémica tiene su origen en el caso de presunta agresión sexual que salpica al que hasta hace unos días era el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel González Jiménez.
Al grito de "ni un minuto más, Marlaska dimisión", los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad han manifestado su rechazo a los constantes escándalos que, al parecer, envuelven al Ministerio. Varios sindicatos como JUPOL han denunciado que el ministro conocía la denuncia, al igual que "toda la cúpula de la Policía", pero, al parecer, decidieron ocultarlo.
El comisario principal José Ángel González Jiménez (conocido como "Jota"), que era el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional en España —es decir, el máximo jefe operativo del cuerpo, número dos en la estructura práctica y con mando sobre decenas de miles de agentes—, dimitió de forma fulminante el 17 de febrero de 2026. Un hecho que sucedió apenas unas horas después de que saltara a la opinión pública que un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid había admitido a trámite una querella presentada por una inspectora (subordinada suya) en la que le acusa de presunta agresión sexual con penetración no consentida, coacciones, lesiones psíquicas y otros posibles delitos.
Así lo refleja la querella a la que ha tenido acceso este medio. El documento, con fecha del 9 de enero de 2026, interpuesto por la presunta víctima, acusa al DAO de varios delitos con agravante de abuso de superioridad (art. 22.2 del Código Penal, CP). Desde una presunta agresión con penetración por introducirle los dedos (arts. 178 y 179 CP), pasando por posibles presiones para que la aludida no denunciase, además de presuntas lesiones psíquicas que requieren tratamiento médico y un posible uso indebido de recursos públicos (vehículo oficial, vivienda oficial, teléfonos oficiales, etc.) para fines personales.
La querellante describe una relación pasada con el acusado, marcada por un desequilibrio de poder: él, como DAO, supuestamente ejercía control jerárquico sobre ella (una inspectora subordinada). Al parecer, la relación terminó por decisión de ella, pero él no lo aceptó y, presuntamente, comenzó un acoso obsesivo, llevándola a necesitar una baja médica por incapacidad temporal el pasado 28 de julio de 2025.
El pasado 20 de febrero se presentaron nuevas pruebas en el caso, que avanza hacia la fase de declaraciones. Ahora, el foco está en la instrucción del juzgado, las pruebas aportadas y las pesquisas internas sobre posibles coacciones/encubrimientos. La víctima cuenta con protección y sigue en baja por daños psíquicos.