El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha rechazado este jueves la moción presentada por el Grupo Municipal VOX para exigir la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026. La iniciativa no salió adelante tras el voto en contra de los grupos de izquierda y la abstención del Partido Popular.
La moción fue defendida por la portavoz municipal de VOX, Nieva Machín, quien denunció que la implantación obligatoria de este dispositivo supone “una medida improvisada, recaudatoria y contraria a la seguridad vial”. Según Machín, se trata además de “una imposición única en España”, inexistente en países del entorno como Francia, Alemania, Italia o Portugal.
Durante su intervención, la edil de VOX alertó del agravio comparativo que, a su juicio, sufrirán los conductores españoles frente a los extranjeros. “Millones de vehículos extranjeros circularán por nuestras carreteras sin esta baliza y, al parecer, no suponen ningún peligro, mientras que el conductor español sí tiene que comprar el dispositivo, llevarlo cargado, homologado, conectado y, si no, enfrentarse a una multa de 80 euros”, señaló. Para Machín, esta situación refleja “una seguridad vial muy peculiar: seguridad para unos, sanciones para otros”.
La portavoz municipal cuestionó también la base técnica de la medida, subrayando que “no existen estudios independientes concluyentes que acrediten su eficacia real” y que la baliza no ha sido probada en condiciones adversas como lluvia intensa, niebla, nieve o baja visibilidad. Asimismo, advirtió de los problemas de conectividad del sistema, recordando que existen tramos completos de carreteras y zonas urbanas sin cobertura.
Una imposición única en España
Machín alertó además de que la baliza V16 sustituye a un sistema ya conocido y funcional, como los triángulos de emergencia, y advirtió de un riesgo añadido para la seguridad vial. “la baliza V16 incentiva que el conductor permanezca dentro del vehículo mientras espera asistencia”, lo que, según afirmó, “contradice frontalmente los protocolos nacionales e internacionales de seguridad vial”.
Desde VOX Móstoles han lamentado que el Partido Popular y los grupos de izquierda hayan decidido alinearse con esta medida estatal, que consideran injustificada. “Esto ni es seguridad ni es prevención. Esto es improvisación, chapuza, afán recaudatorio y castigo al ciudadano”, afirmó Machín, defendiendo que lo razonable sería suspender la obligatoriedad, permitir alternativas y no imponer nuevos costes a las familias, en una decisión que, según subrayó, “no viene impuesta por la Unión Europea ni cuenta con una justificación técnica sólida”.