El INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES (IMS), creado en 1989 para la investigación, promoción, desarrollo, comercialización y explotación de productos urbanísticos, ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid un escrito de apertura de preconcurso de acreedores, cumpliendo con el acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo de Administración de la empresa municipal. Una decisión tomada con el objetivo de “acometer cuanto antes el proceso integral de saneamiento y reorganización de la empresa, para dejarla en una situación ordenada que permita continuar con la finalidad para la que fue creada”, según comunicaban fuentes municipales a través de su medio oficial de difusión institucional.
El acuerdo llega después de que el análisis de una auditoría contable, realizado durante el pasado mes de mayo a instancia de la Consejera Delegada y Concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, pusiera de manifiesto que la empresa pública, declarada medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Móstoles, podría estar en insolvencia, al menos, desde el año 2011. Las cuentas, señalan desde el Consistorio, “no reflejan la imagen fiel de la empresa, tal y como exige la legislación mercantil”.
Las deudas, con pérdidas acumuladas de más de 24 millones de euros, obligaron a reexpresar saldos en la contabilidad del ejercicio 2018, el cual, a su vez, afecta a los periodos de 2019 y 2020. Tras la reformulación de la contabilidad, se ha dejado al descubierto una deuda total de 56 millones con el Ayuntamiento de Móstoles.
Toca depurar responsabilidades
Desde el Ejecutivo local actual acusan, por una parte, al anterior Gobierno del Partido Popular, asegurando que “llevó a la ruina al IMS, encubriendo los hechos, presuntamente, con una ingeniería contable que posibilitaba que las pérdidas de la empresa se camuflaran”, motivo por el cual se dictamina “contratar a los profesionales necesarios para que determinen si hay delito y, si es así, emprender las actuaciones que correspondan, al objeto de depurar responsabilidades contra quien resulte autor o responsable de la falsedad contable continuada y la administración desleal del ente público”.
En este sentido, responsabilizan desde el Gobierno municipal, del mismo modo, a Gabriel Ortega, concejal y portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles, y en aquel entonces también Consejero Delegado del IMS, afirmando que “se negó, de forma negligente y en connivencia con el PP, a realizar la auditoría solicitada por la alcaldesa, Noelia Posse”.
Las deudas, con pérdidas acumuladas de más de 24 millones de euros, obligaron a reexpresar saldos en la contabilidad del ejercicio 2018, el cual, a su vez, afecta a los periodos de 2019 y 2020.
Ortega exige la intervención judicial ante las acusaciones vertidas
La reacción del portavoz de MM-GM no se hizo esperar, procediendo a solicitar ante el Registro del Ayuntamiento y del Instituto Municipal del Suelo que el Gobierno municipal acuda “de inmediato” a los Tribunales, en lugar de “sembrar sospechas infundadas ante las que no podemos defendernos, con las garantías que requiere el Estado Social y Democrático de Derecho, las personas a las que están acusando falsamente”.
“Personalmente no tengo nada que temer. Hice una gestión impecable que se dedicó a pagar deudas y a solucionar casos de emergencia habitacional y estaré encantado de explicarlo en sede judicial”, señalaba Ortega al respecto.
Un final infeliz
Tan sólo unos meses antes, en octubre de 2020, la Concejal de Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, la Portavoz de Podemos, Mónica Monterreal, y el Portavoz de Más Madrid-Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, valoraban positivamente los avances logrados en el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el ámbito de la vivienda pública, durante la reunión de la Comisión de seguimiento de los acuerdos, con el compromiso de invertir más de un millón de euros en “crear un parque de vivienda digna y a un precio asequible para las mostoleñas y mostoleños”.
En esta línea, se anunciaba que la Concejalía de Desarrollo Urbano trabajaba para mantener el Instituto Municipal de Suelo, centrando su actividad en el apoyo técnico al Ayuntamiento y desarrollando nuevos proyectos encarados a la rehabilitación energética, pese a que en junio del mismo año, el Consistorio emitía un informe justificativo de “insuficiencia de medios” para poder hacer frente a la reparación de viviendas destinadas a alquiler social, propiedad del IMS, por lo que resultaba necesario externalizar la prestación del servicio.
En 2018, con David Lucas aún al frente de la Corporación Municipal, y Ortega como edil de Cultura, Bienestar social y Vivienda, el IMS hacía entrega de 12 inmuebles para personas pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad, en régimen de arrendamiento, y con un alquiler social, de tal manera que el Instituto Municipal del suelo dejaba de tener viviendas vacías. Nada hacía presagiar, en aquel momento, que la situación actual se veía caracterizada por un enfrentamiento que, probablemente, tenga que terminar siendo objeto de litigio.