Ya está en el BOE. El Gobierno de España declara la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria, aunque la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la resolución ante la Audiencia Nacional. En la capital, también han reaccionado a la intención del Ejecutivo central de colocar una placa que recuerde que la sede del Gobierno regional albergó la Dirección General de Seguridad durante el franquismo.
El alcalde de Madrid considera que con esta declaración se persigue “el enfrentamiento”. “Es una operación de carácter meramente político, que no responde a la historia de la Real Casa de Correos”, dice Almeida, apuntando que el edificio cuenta con una “historia mucho más rica que ser sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura”. Para el regidor madrileño, el hecho de señalar que esta fue una de las etapas que atravesaron al edificio conlleva “ignorar cuál es su historia previa, pero también la posterior”.
Almeida insiste en que este movimiento del Gobierno de Sánchez responde a una “operación política” que no “pone el acento en aquello que nos une”. El regidor señala que la Real Casa de Correos “es la sede de todos los madrileños y el edificio de la Puerta del Sol donde está la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. “No lo comparto porque esta sede tendría que ser un lugar de reconciliación”, apunta el alcalde de la capital, recurriendo a la Real Academia de la Historia para sostener que la trayectoria del edificio es “mucho más fecunda y más rica como para acotarla únicamente al tiempo que fue sede de la Dirección General de Seguridad”.
El popular no admite “lecciones de quienes reivindican la memoria de Largo Caballero, que fue un golpista antidemócrata”, dice Almeida refiriéndose al PSOE. Hace escasas semanas, Reyes Maroto reclamaba que el Gobierno de la capital colocase la placa homenaje original del dirigente socialista. La portavoz del grupo municipal define la que se ha colocado recientemente como “una copia que falsea la memoria”. El PSOE lamenta que la placa original se destruyese a “martillazos” cuando fue retirada por el Ejecutivo de Almeida. Una decisión que, ahora, se ha visto corregida por una sentencia judicial que ha obligado a la restitución del homenaje.