El Grupo Municipal Popular denuncia la “chapuza masiva” del Gobierno estatal con la regularización y exige su retirada inmediata durante el Pleno de Cibeles. El concejal de la formación, José Fernández, defiende así la retirada del Real Decreto y acusa al Gobierno de actuar con “improvisación, irresponsabilidad y voluntad política de generar caos”, imponiendo una medida sin control parlamentario, sin coordinación institucional y sin garantías jurídicas.
“No es una regularización, es una operación política para mantenerse en la Moncloa”, denuncia, calificándola de "cortina de humo para asegurar apoyos, a costa de generar falsas expectativas en miles de personas con un proceso sin control ni planificación". Asimismo, Fernández, critica el colapso de Extranjería, Seguridad Social, Correos y servicios sociales municipales, con "colas indignas, requisitos cambiantes y una descoordinación total que está desbordando a todas las administraciones".
Alerta también de un procedimiento sin garantías, con documentación vulnerable a fraude, ausencia de controles sobre antecedentes y cambios constantes que evidencian “improvisación, descontrol y falta de respeto a los profesionales”. Por ello, advierte que esta regularización es "gasolina para el fuego que ha creado Sánchez" y acusa al Gobierno de “calentar la calle, fomentar la tensión social y alimentar a los extremos como estrategia de supervivencia política".
Denuncia Sánchez que el Gobierno excluye deliberadamente a saharauis y venezolanos del proceso para evitar tensiones diplomáticas y porque “saben que no les van a votar, evidenciando un uso interesado y político de la regularización", añade Fernández.
Es más, el delegado popular también ha señalado que se está poniendo en riesgo el estado de bienestar, al "disparar la presión sobre los servicios públicos sin recursos, sin financiación y sin planificación, trasladando el coste a ayuntamientos y comunidades autónomas".
Dice, además, que no buscan integrar ni ordenar, "buscan perpetuarse en el poder" y acusa al Gobierno de utilizar la inmigración "como herramienta política". “Madrid no va a pagar su chapuza ni asumir las consecuencias de su desgobierno”, sentencia.