Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado hoy ante los juzgados de plaza de Castilla una denuncia contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. Así lo ha manifestado la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha recordado que la inacción continuada del entonces delegado permitió, pese a saber que no era ajustada a Derecho, que la concentración ilegal en la Puerta del Sol se desarrollase entre el 26 de septiembre y hasta su dimisión, momento en el que su sucesora en el cargo le puso fin.
La denuncia desarrolla cronológicamente los acontecimientos ocurridos esos días en una concentración ilegal que, como figura en el propio texto, “fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, que tenía la competencia exclusiva de velar por la seguridad ciudadana y de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía en general y no solo de los ‘acampados’, aun sabiendo que dicha concentración en un espacio público no se ajustaba al ordenamiento jurídico”.
Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento remitió durante esas semanas distintos escritos e informes elaborados por la Policía Municipal y otros servicios municipales para advertir de los problemas que se estaban produciendo. Entre ellos, ha mencionado "la presencia de personas con objetos contundentes y peligrosos que podían utilizarse como armas, alteraciones del orden público y riesgos para una posible evacuación de la plaza". También ha denunciado daños en elementos patrimoniales como "la escultura de Carlos III, el Oso y el Madroño y la propia plaza, además de problemas de salubridad, incidentes y agresiones".
En relación con las consecuencias económicas, la vicealcaldesa ha cifrado en aproximadamente 40.000 euros los daños materiales directos que el Consistorio ha contabilizado hasta el momento. De esa cantidad, "unos 8.500 euros corresponden a las estructuras de los toldos, alrededor de 11.000 euros al mobiliario urbano y unos 12.000 euros a los monumentos".
No obstante, ha advertido de que la cifra podría aumentar, especialmente por el estado de la escultura de Carlos III, cuya restauración podría requerir intervenciones más complejas que una simple limpieza. "La limpieza no ha servido para restaurar el monumento y volverlo a poner en el estado original", ha explicado.
A estos daños se suman los gastos derivados de los dispositivos de Policía Municipal y de los servicios de limpieza desplegados durante la acampada. Sanz ha señalado que "se trata de recursos que el Ayuntamiento no habría tenido que destinar a esa situación si no se hubiera producido la concentración". Además, ha defendido que los comerciantes afectados tienen derecho a reclamar las pérdidas sufridas, que ellos mismos cifraron en más de 30 millones de euros. "El daño que han sufrido ha sido mucho y muy importante durante más de un mes", ha afirmado.
Sobre las posibles compensaciones al comercio, la vicealcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con los establecimientos para concretar una línea de ayudas. Por el momento, "no hay una cuantía fijada", ya que el Consistorio "está analizando los balances y las pérdidas de cada negocio para garantizar que las compensaciones se ajusten a los daños reales". Según ha explicado, "el área de Hacienda trabaja directamente con los comerciantes para determinar los importes y los plazos".
La dirigente municipal también ha confirmado que las aproximadamente 300 multas impuestas por la Policía Municipal durante la acampada "continúan su tramitación y que se cobrarán conforme a la normativa". Paralelamente, siguen abiertas las investigaciones para localizar a los responsables de los daños ocasionados en los monumentos, entre ellos la escultura de Carlos III y el Oso y el Madroño.
Uno de los argumentos que Sanz considera especialmente relevantes en la denuncia es que, entre la dimisión de Francisco Martín, el 26 de octubre, y el desalojo de la acampada, el 3 de noviembre, no se produjo ningún acontecimiento objetivo que justificase un cambio de criterio. "La única razón o el único cambio de criterio fue la propia dimisión del delegado del Gobierno", ha afirmado.
Fran Martín ha respondido a esta denuncia en sus redes sociales, asegurando como siempre, que "en este asunto actuaron dentro del marco de la ley, dando respuestas, buscando soluciones y tratando de aplicar el sentido común".
A lo largo de su respuesta ha destacando que hicieron frente a “las ansias de excesos de quienes nunca han aceptado que se les pueda llevar la contraria” añadiendo además que "sí hay que explicarlo ante la justicia, se explicará".