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MADRID | Álvaro González denuncia la "hipocresía de la izquierda" en materia de vivienda

El delegado de Vivienda en Madrid anuncia que "Fondos buitre son los que se reunieron con la señora Maroto"

El delegado de Vivienda en Madrid anuncia que "Fondos buitre son los que se reunieron con la señora Maroto"

Álvaro González López, delegado de Vivienda en Madrid.

Imagen: Ayto. Madrid

El delegado de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González López, denuncia en el Pleno de Madrid la "hipocresía de la izquierda" en materia de vivienda. Una acusación que llega después de que la formación socialista afirmara que no se puede vender suelo público, ni edificios públicos. "¿Me quiere decir usted qué hicieron con el edificio de María de Moline que lo vendió el Ministerio de Hacienda? ¿O es que hay venta si lo hace la izquierda, que son solidarias, que son sociales, y si lo hace el PP no?". 

 

Asimismo, el delegado del PP continúa preguntando al Partido Socialista si "el Gobierno de España no ha vendido los terrenos públicos de Los Cerrros, porque eran públicos. ¿Me quiere decir usted si la Sareb no ha vendido el suelo que tenía en los Berrocales? ¿Me quiere decir usted si Adif y Renfe han vendido el suelo que tenían en Nuevo Norte? ¿Sí la Sareb ha vendido suelo que tenía en Pinar de Chamartín? Ya se lo digo yo, sí".

 

También ha puesto el foco en la crítica del PSOE sobre los fondos buitre. "Fondos buitre son los que se reunieron con la señora Maroto, también con el señor Sánchez y los amigos de Aldama", sentencia el delegado de Vivienda.  

 

El Partido Socialista, por su parte, denuncia que 30 años de políticas del PP en Madrid "han convertido la vivienda pública en negocio y el suelo público en mercancía". "Exigimos que la protección pública de las viviendas sea permanente porque el suelo público debe servir para garantizar derechos, no para alimentar negocios privados", asegura el concejal del PSOE, Pedro Barrero.

 

Es más, desde las filas socialistas ponen el foco en que el Gobierno municipal vota en contra de garantizar, tanto la protección pública permanente de todos los suelos calificados para la construcción de viviendas protegidas o sometidas a cualquier régimen de protección pública, como su función social porque "protege el negocio y no el derecho de todos a acceder a una vivienda digna". 

 



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