El fallo de las pulseras anti maltrato caldea el ambiente político y enerva a José Luis Martínez Almeida. Durante el Pleno de Cibeles, el alcalde de la capital se ha dirigido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, reprochando la supuesta ineptitud del Gobierno de España ante una situación que ha puesto en peligro a muchas mujeres, así como las declaraciones de la Ministra de Igualdad tachando de bulos las denuncias en torno a lo ocurrido. "Me indigna, señora Maroto, me indigna que tantas mujeres hayan tenido que sufrir", sostiene el regidor madrileño.
"Mujeres como Ana que en 'Espejo Público' decía: Él podía apagarla, quitársela o romperla y no aparecía la policía. Yo no dormía ni de día ni de noche", relata el alcalde, "ahora dígale que es un bulo, señora Maroto". Almeida ha sacado a la palestra varios titulares de mujeres víctimas de violencia que se han visto afectadas por los problemas de estos dispositivos de seguimiento, y ha denunciado que tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el resto de miembros del Gobierno que la respaldan "se creen por encima" de estas mujeres, ya que ninguno "asume ningún tipo de responsabilidad".
Para concluir, Almeida ha lanzado una propuesta al propio presidente, Pedro Sánchez, "en vez de mandar el Ejército al la excursión de Ada Colau, tiene que mandarlo a proteger a las mujeres españolas de su Gobierno".
DATOS DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Ayer mismo, la Comunidad de Madrid alertó de la detección de 40 posibles casos de fallos en los dispositivos de seguimiento telemático para víctimas de violencia contra la mujer, conocidos como pulseras anti maltrato. Unos datos recabados tras la reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, celebrada en la sede de la Consejería de Presidencia.
Durante el encuentro, al que también asistió la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se adoptó un acuerdo que instaba al Ministerio de Igualdad a dar explicaciones claras y oficiales sobre lo ocurrido, así como a impulsar una auditoría independiente que determine con precisión el alcance de los errores. Además, el documento solicitaba información concreta sobre los motivos por los que algunas víctimas han pedido la retirada de estos dispositivos, así como de los requerimientos, comunicaciones o alertas cursadas desde las Comisiones Provinciales de Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a fallos o incidencias de los mismos, y la respuesta que se ha ofrecido.
La Comunidad de Madrid también reclamó al Ejecutivo central que adoptase de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de estos recursos, reforzando los protocolos de control técnico y seguimiento. Asimismo, ofrecieron su plena colaboración para mejorar los mecanismos de protección, velando porque las víctimas puedan confiar plenamente en el sistema.