MADRID | "260 viviendas en el parque de Las Moreras empeorarían la calidad de vida"

Juan García, portavoz de la plataforma Campamento Sí y miembro de Ecologistas en Acción

"Entendemos que estamos cargados de razón para que se atiendan las demandas vecinales, basadas en la normativa legal"

Imagen: Televisión Digital de Madrid

En Soy de Madrid informábamos la pasada semana de la concentración vecinal que tuvo lugar el pasado 9 de junio bajo el lema "El parque de Las Moreras es del barrio". Con el objetivo de conocer un poco más en profundidad y escuchar en viva voz lo que ocurre en este espacio del distrito de Latina, hemos hablado con uno de los portavoces de la plataforma convocante de esta protesta: Juan García. 

 

 

"Hay un claro enfrentamiento entre los intereses legítimos de los vecinos y los supuestos propietarios de los terrenos", si bien la Cañada Real de Madrid es un terreno público de carácter demanial que "supuestamente, no se puede vender ni hacer una transacción de ningún tipo", según la Ley de Vías Pecuarias; lo que ha ocurrido en el Parque de las Moreras 'rompe' con lo establecido en la normativa. 

 

 

Así, y por poneros en contexto, el propietario del terreno es el Ministerio de Defensa. Para ser más exactos, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Entonces, "la venta por parte de un organismo autónomo del Ministerio de Defensa de esos terrenos incluía dos parcelas que han sido siempre el parque del vecindario": las Moreras. Un asunto contra el que los vecinos llevan luchando alrededor de 7 u 8 años, nos traslada. 

 

 

"Se ha puesto a la venta no solo estas dos parcelas, sino un terreno más amplío". Por consiguiente, "el vecindario se queda, de golpe y porrazo, sin una zona donde se disfrutaba y con el agravio de que se puede infringir la ley", ante la venta realizada a la empresa Promociones Inmobiliarias Nueva Montaña S.L, por un valor de 11 millones de euros.  

 

 

A pesar de que consideran "legítimo" todo lo que está ocurriendo, denuncian que "hay inseguridad jurídica, a parte del agravio al vecindario". En total, el terreno vendido son "casi 6 hectáreas, lo que ocupa un campo de fútbol".



Entendemos que estamos cargados de razón para que se atiendan las demandas vecinales, basadas en la normativa legal. Otra cuestión han sido las decisiones judiciales o los trámites administrativos que han permitido esta venta que no está de acuerdo con la ley

 

 

Actualmente, y tras su comunicación al Defensor del Pueblo, se encuentran a la espera de que se les convoque para "contrastar" "dar la posibilidad de que se dé una solución que no sea salomónica". Si bien ahora son considerados como simples "espectadores", su objetivo es que tomen el papel de "actores" para poder alcanzar un punto en  común. 

 

 

Derecho a la propiedad VS. Ley de vías pecuarias 

 

Tras una subasta de los terrenos declarada "desierta", "parece que se llegó a un acuerdo entre Defensa y la Comunidad de Madrid a través de una permuta para transformar la vía pecuaria invadida en otra que tuviese salida y continuidad". Tras el trazado, se aprueba en el BOCM y "se crea una nueva vía pecuaria, pero ocurre que un particular hace un recurso diciendo que carece de una serie de prerrogativas legales". Finalmente, termina por determinarse su ilegalidad. 

 

 

En ese momento, "nos quedamos compuestos y sin novia", puesto que "los vecinos se quedan sin las parcelas que reclamaban y siguen reclamando como parque y, entonces, la situación está absolutamente bloqueada". Ante la extralimitación que supone este 'caos legal', los colectivos de vecinos han acudido al Defensor del Pueblo y otras autoridades en busca de amparo. 

 

 

¿Qué pasaría si este espacio termina por convertirse en bloques de edificios? 

 

El portavoz de Campamento Sí nos traslada que "hay varios escenarios" posibles. En primer lugar, nos habla de que puede darse que la venta realizada por el INVIED a la inmobiliaria por un valor de 11 millones "se considere que no está de acuerdo con la ley". En este punto, "la adjudicataria recurriría y tendría derecho a pedir una indemnización". 

 

 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que ante el conocimiento de la constructora de que "hay cargas importantes, a parte del malestar vecinal, y tendrá que resolverlo a su manera". No obstante, "no nos queremos imaginar", apunta Juan, ya que "260 viviendas en aquella zona con una salida difícil para acceder a las comunicaciones de los viales próximos supondrá un empeoramiento de la calidad de vida de la zona". 

 

 

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