Más Madrid ha exigido al Ayuntamiento de Leganés una intervención “inmediata” para garantizar la protección de la colonia felina ubicada en la calle Puig Adam, en el polígono de la Guardia Civil, afectada por las obras de construcción iniciadas por la empresa Saltoki.
Según denuncia la formación, cerca de medio centenar de gatos tutelados por el Colectivo Animalista de Leganés (CAL) se encuentran en situación de riesgo tras el avance de los trabajos en la zona. Los animales forman parte de una colonia controlada mediante el método CER —Captura, Esterilización y Retorno— y cuentan con identificación y microchip.
Las organizaciones implicadas alertan de que la entrada de maquinaria pesada, la tala de árboles y la eliminación de espacios utilizados como refugio han provocado la dispersión de los felinos y situaciones de peligro, especialmente para las camadas más jóvenes.
Más Madrid sostiene que tanto el colectivo animalista como las gestoras de la colonia han tratado de establecer contacto con la constructora para coordinar un traslado progresivo y seguro de los animales, aunque aseguran que no han recibido respuesta por parte de la empresa.
La formación critica además la actuación del Gobierno municipal, al considerar que el Consistorio no ha asumido sus responsabilidades pese a tratarse de terrenos de titularidad pública. En este sentido, reprochan la ausencia de una mesa de coordinación entre Ayuntamiento, empresa y asociaciones, así como la falta de informes técnicos o veterinarios que avalen el procedimiento seguido.
Desde Más Madrid recuerdan que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales obliga a las administraciones locales a garantizar la protección de las colonias felinas registradas. Por ello, consideran “inaceptable” que la aplicación de la normativa quede condicionada “a los intereses o ritmos de una corporación privada”.
Con el objetivo de fiscalizar la gestión municipal, la formación registrará una batería de preguntas para el próximo pleno del Ayuntamiento de Leganés. Entre sus principales demandas figura la convocatoria urgente de un espacio de mediación entre todas las partes implicadas, la elaboración de un calendario de traslado gradual que reduzca la mortalidad animal y la paralización de cualquier desmantelamiento hasta disponer de un protocolo consensuado y validado técnicamente.