El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, presentó el pasado 19 de abril una denuncia ante la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal de unas presuntas irregularidades en la gestión del alcalde por la compra de mascarillas y material médico a través de la Fundación Juan Muñoz.
Ahora, la Fiscalía, tras las diligencias oportunas ha anunciado el decreto del archivo de esta causa ya que considera que no se han acreditado indicios de delito por lo que da por concluida la investigación.
En el relato de los hechos, se detalla cómo la Fundación Juan Muñoz habilitó una cuenta bancaria en marzo de 2020 para recoger donaciones que sirvieran para sufragar la compra de material sanitario para el Hospital Severo Ochoa y los centros médicos de la localidad.
Hasta junio de 2020 se logró recaudar más de 128.000 euros que se destinó al pago de este material médico. Sin embargo, ULEG presentó su denuncia, basada en informaciones periodísticas, ante el conocimiento de tres facturas, dos de ellas giradas por el Ayuntamiento barcelonés de San Andreu de la Barca, gobernado por el PSOE, por la compra de mascarillas a un precio de 12,44 euros.
La Fiscalía solicitó a la Fundación Juan Muñoz extractos bancarios y las facturas correspondientes del periodo en el que se produjeron los hechos y ha podido certificar que los gastos del material comprado ascienden a 128.378,93 euros. En concreto se gastaron 114.742,66 para material médico destinado al Hospital Severo Ochoa, otros 10.166,38 por la adquisición de material electrónico para el Hospital de Campaña, y 3.469,89 euros para suministros de alimentos y material desechable.
Tras examinar todos los movimientos bancarios y las facturas correspondientes, la Fiscalía no ha encontrado irregularidades de ningún tipo
Tras examinar todos los movimientos, la Fiscalía no encuentra irregularidades de ningún tipo. Si bien es cierto que llama la atención que la Fundación comprara mascarillas a una Administración Pública, la Justicia indica que no se aprecia indicio ninguno de la comisión de delito. Además, remarca que no hay perjuicio patrimonial alguno ni para la Fundación ni, mucho menos, para el Ayuntamiento de Leganés.
Sobre el precio de las mascarillas, el Fiscal recuerda el contexto en el que tuvieron lugar esas compras, cuando es público y notorio que existió un problema de suministros de material médico a nivel internacional.
Por tanto, la justicia da carpetazo a las acusaciones de ULEG y determina con total claridad que ni el alcalde Santiago Llorente, ni la entidad privada que es la Fundación Juan Muñoz, ni el Ayuntamiento de Leganés cometieron irregularidad alguna.