El PSOE de Leganés ha denunciado la gestión del Gobierno municipal de Leganés ante la huelga indefinida en las escuelas infantiles públicas de gestión directa, a la que califica de “caos” y de responder a una “estrategia de intimidación” contra las trabajadoras. Según la formación socialista, la decisión del Ayuntamiento de no decretar servicios mínimos ha generado una situación de desorganización que afecta tanto a las plantillas como a las familias.
Desde el Ejecutivo local, formado por PP y ULEG, se sostiene que la huelga no ha sido comunicada formalmente al Consistorio, por lo que la consideran ilegal. Sin embargo, los socialistas respaldan la postura de los sindicatos y aseguran que se trata de una convocatoria de carácter autonómico en la Comunidad de Madrid, lo que, a su juicio, no requiere notificación individual en cada municipio. Esta discrepancia ha marcado el desarrollo del conflicto, especialmente al compararlo con localidades cercanas como Getafe, donde -según el PSOE- la jornada se ha desarrollado con normalidad.
La formación también advierte que sigue habiendo problemas estructurales en el funcionamiento de las escuelas infantiles de Leganés, y denuncian el incumplimiento de las ratios de alumnado por aula y la falta de recursos como una de las principales causas del malestar del personal docente. Aseguran que la ausencia de directrices claras por parte del Ayuntamiento ha incrementado la incertidumbre en los centros educativos durante la huelga.
El secretario general del PSOE local, Miguel Recuenco, ha elevado el tono de las críticas al considerar que la situación supone “un ataque sin precedentes a la educación pública y a los derechos de los trabajadores”. Recuenco acusa al alcalde de escudarse en argumentos jurídicos para evitar asumir responsabilidades en la gestión de un servicio esencial y le insta a “dejar de boicotear un derecho constitucional”.
El dirigente socialista también ha reclamado una intervención inmediata del Gobierno municipal para reconducir la situación, establecer servicios mínimos y garantizar tanto el derecho a huelga como la atención a las familias. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto en un contexto de creciente tensión política y educativa en el municipio.