El Grupo Municipal VOX ha presentado un recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Humanes de Madrid solicitando la nulidad de pleno derecho de la Tasa de Residuos y del Impuesto sobre la Plusvalía, aprobadas en el Pleno del pasado 30 de diciembre. La formación denuncia que ambas ordenanzas fueron tramitadas de manera irregular, vulnerando derechos fundamentales de los concejales de la oposición y, según su criterio, los principios de proporcionalidad y transparencia en la gestión fiscal.
Según VOX, el procedimiento administrativo fue alterado desde el inicio: los acuerdos se incluyeron en el Pleno por la vía de “asuntos urgentes” sin dictamen previo de la Comisión Informativa, tal como exige el artículo 82 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). La formación asegura que contaba con todos los informes técnicos desde octubre de 2025, por lo que no existía ninguna urgencia real que justificara esta omisión.
La portavoz municipal, María Teresa González, señala además que la resolución de las alegaciones presentadas por VOX no se notificó hasta dos meses después de la aprobación de las tasas, cuando estas ya habían sido publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). “Se trata de un hecho consumado que impide el ejercicio de control y fiscalización de la oposición”, explica González.
A esta situación se suma, según VOX, la imposibilidad de votar en la sesión del 27 de febrero la ratificación del acta del Pleno de diciembre, sesión en la que se habrían fraguado estas irregularidades. La formación considera que este bloqueo vulnera los derechos de los concejales a participar en las decisiones municipales.
VOX reclama también la suspensión cautelar inmediata de las ordenanzas ante el riesgo de un perjuicio irreparable para los vecinos, argumentando que, de ser anuladas las tasas posteriormente, el Ayuntamiento se vería obligado a devoluciones masivas con intereses, lo que afectaría gravemente a las arcas municipales.
La formación denuncia, además, la falta de rigor técnico y económico en la fijación de las cuantías. En el caso de la Tasa de Residuos, el coste estimado de 1.564.390 euros se basó únicamente en un informe interno, sin auditoría externa. En la Plusvalía, la modificación de los coeficientes se habría realizado sin memoria económica que justifique su ajuste a los valores reales del municipio, lo que, según VOX, vulnera la seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad tributaria.
Por último, VOX sostiene que la Ordenanza de Residuos incumple la Ley 7/2022 al imponer una tarifa plana que no discrimina según la generación de residuos, incumpliendo el principio de “quien contamina paga” y aumentando de manera injustificada la presión fiscal sobre los vecinos.
“Nuestra labor es garantizar que cualquier carga fiscal para el vecino se realice bajo el más estricto cumplimiento de la ley. No podemos validar un procedimiento donde se omiten informes y se oculta información hasta que el impuesto ya está en el Boletín Oficial”, concluye González.